Los grupos armados ilegales en Colombia ya emplean drones guiados por fibra óptica: aparatos que no emiten la señal de radio de un control remoto convencional y, por eso, no se dejan bloquear con el mismo inhibidor que interfiere un dron comercial. Así lo documentó El País el 15 de noviembre, y lo reiteró Caracol Radio en su cobertura de los ataques de este mes.
El diario español lo explica con una frase seca: esos drones «no emiten señales de radio y, por lo tanto, no pueden ser bloqueados por inhibidores». El ejemplo que cita ocurrió en febrero de 2026, cuando el Eln atacó la base militar San Jorge, en Saravena (Arauca). Había un sistema antidrones en el cantón; resultó ineficaz porque las aeronaves iban guiadas por fibra. Caracol añade el dilema técnico que enfrentan las tropas: no existe un inhibidor que cubra toda la gama de frecuencias, y un equipo que bloquea un tipo de dron puede ser inútil frente a otro que navegue de forma autónoma o tire de un cable de fibra que se despliega en el vuelo.
Esa innovación no llega sola. El País describe también drones kamikaze, que no sueltan una carga, sino que se estrellan contra el blanco. Y Caracol relató que, antes del ataque del 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, los drones sobrevolaron las instalaciones durante tres días para identificar el helipuerto, el rancho de tropa y los alojamientos, y programar coordenadas. El 12 de noviembre, en la vereda Barco La Silla, zona rural de Tibú, Norte de Santander, se lanzaron más de 20 artefactos explosivos desde drones contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres número 10: cuatro militares murieron y cinco resultaron heridos, según la misma emisora.
Andrés Vanegas Fernández no se ha pronunciado sobre Saravena, ni sobre Santa Rosa del Sur, ni sobre el uso específico de la fibra óptica. El 14 de julio de 2026, sin embargo, ya había dejado escrito un diagnóstico que hoy se lee junto a esas crónicas. En «Colombia frente a la amenaza de los drones» afirmó: «Lo más preocupante no es el uso de estas plataformas en sí, sino la velocidad con la que los actores ilegales incorporan nuevas capacidades». Y añadió que Colombia enfrenta el mismo desafío que ilustró la guerra en Ucrania, «agravado por la capacidad que han demostrado las organizaciones criminales para innovar y convertir tecnología civil en herramienta de guerra».
Esa velocidad, escribió, no es simétrica. «Mientras el Estado avanza condicionado por trámites administrativos, presupuestos y ciclos de contratación, los grupos armados operan con una agilidad que resulta difícil de anticipar y aún más difícil de igualar». En el terreno, sostenía, esos grupos «observan movimientos de tropas, identifican posiciones estratégicas y planifican acciones ofensivas con un nivel de precisión impensable hace apenas una década». El reporte de Caracol sobre los tres días de reconocimiento en Santa Rosa del Sur no es un comentario suyo; sí encaja, como hecho periodístico posterior, con el tipo de ventaja táctica que él había descrito en julio.
Por eso su respuesta no cabía en un solo aparato. «Colombia necesita una estrategia nacional de protección del espacio aéreo de baja altitud que integre capacidades de detección, identificación, monitoreo y neutralización de drones hostiles». Y, en el párrafo que más importa frente a la fibra óptica, bajó la expectativa tecnológica: «La solución no es exclusivamente tecnológica. Requiere también doctrina, entrenamiento, inteligencia y una actualización permanente de las capacidades institucionales». Un inhibidor de radiofrecuencia, por potente que sea, no cierra el problema si el enemigo cambia el canal de mando. Hacen falta otras capas —radares, sensores electroópticos, intercepción física, inteligencia sobre instructores y redes de suministro— y un modelo, escribió, «de innovación continua, capaz de anticiparse —no solo de responder— a los cambios del entorno operacional».
«La pregunta ya no es si Colombia enfrentará una guerra con drones. Esa etapa quedó atrás», concluyó Vanegas en julio. Lo que queda, a la luz de lo publicado esta semana, es si el Estado ajusta su defensa al ritmo con el que los grupos ilegales cambian de técnica.







