La Presidenta (E) Delcy Rodríguez elevó este viernes el balance oficial de la contingencia sísmica a 589 muertos, 2.900 heridos y un récord acumulado de 214 réplicas en el territorio nacional.
Durante su informe institucional a las 8:19 horas, la mandataria nacional encargada detalló la gravedad de la situación y anunció, como medida de seguridad para garantizar el orden público y proteger los bienes de la población, la inmediata militarización del estado La Guaira.
El jefe de Estado encargado elogió el civismo de los ciudadanos y expresó un reconocimiento especial a las fuerzas civiles de rescate.
En este sentido, expresó su profundo agradecimiento por el trabajo ininterrumpido que realizan los miles de voluntarios y rescatistas de todo el país, que permanecen desplegados en cuadrantes críticos retirando escombros y localizando sobrevivientes.
Cooperación internacional y nuevos contingentes
En materia de apoyo exterior, el presidente encargado confirmó la llegada a suelo venezolano de cargamentos con ayuda humanitaria de más de cinco naciones.
Asimismo, el dignatario (E) anticipó que durante la madrugada de este sábado ingresarán al territorio nacional nuevas delegaciones especializadas en búsqueda y rescate de Estados Unidos, España, México, Panamá y Barbados.
Estos equipos técnicos internacionales se sumarán de manera inmediata a los comandos de Protección Civil y Bomberos de la costa central y la ciudad de Caracas, optimizando las operaciones de rescate en estructuras colapsadas gracias al uso de tecnología de localización avanzada.
Evaluación de daños económicos y comerciales
Por otro lado, el Ejecutivo nacional dispuso el despliegue de gabinetes sectoriales en las zonas declaradas en emergencia. Al respecto, se conoció que las carteras Nacionales de Comercio y Juventud y Deportes están realizando un exhaustivo relevamiento técnico en terreno para registrar la magnitud de los daños económicos que sufren los comerciantes y empresarios locales.
Este censo estratégico servirá como base de datos fundamental para la asignación de compensaciones financieras, líneas de crédito preferenciales y planes de atención social directa instruidos por la presidencia encargados de reactivar el aparato productivo y proteger a las familias trabajadoras afectadas por el desastre natural.
