Por primera vez en su historia, Colombia dejó de improvisar frente al crimen y adoptó una política criminal de Estado con visión de mediano plazo. Ese paso lo lideró Camilo Andrés Rojas Castro desde el Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho.
En julio de 2021, bajo su gestión, el Consejo Superior de Política Criminal aprobó el Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025. Meses después quedó incorporado en el CONPES 4089, con recursos definidos y un plan de acción concreto. El documento fijó siete prioridades claras: reducción del homicidio, prevención de violencias basadas en género, disrupción del crimen organizado,
protección de adolescentes y jóvenes, humanización del sistema penitenciario, modernización institucional y lucha contra la captura del Estado.
El plan nació de más de cien reuniones de trabajo con la Rama Judicial, el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y las entidades del Gobierno. No fue un documento de un solo ministerio: fue el primer esfuerzo real de articular al Estado completo alrededor de una misma hoja de ruta criminal. Rojas impulsó además enfoques de prevención, justicia restaurativa y resocialización, alejándose del enfoque puramente punitivo que había predominado durante décadas.
Ese Plan sigue siendo la referencia más sólida y estructurada que ha tenido el país en materia de política criminal. Su aprobación no solo cumplió un mandato legal pendiente desde la Ley 1709 de 2014: sentó las bases para que las siguientes administraciones contaran con un marco técnico, medible y financiado. Ese es el logro institucional más relevante de Camilo Rojas en el Ministerio de Justicia.
