El Relleno Sanitario Doña Juana vuelve a ser noticia, esta vez por la sentencia firme impuesta por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que obliga a la Alcaldía Distrital a pagar la millonaria suma de $420.097 millones al Consorcio CGR, organización que se había adjudicado el contrato para operar el relleno en 2010. El 24 de septiembre de 2010, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) firmó una concesión contrato con la Sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA – EP – CGR – Doña Juana SA El contrato adjudicado fue el # 344 de 2010, por un valor de $229.742.099.647, cuyo objeto fue la administración, operación y mantenimiento integral del Relleno Sanitario Doña Juana en la ciudad de Bogotá, en sus componentes de disposición final de tratamiento de residuos sólidos y lixiviados, con alternativas de aprovechamiento de los residuos que llegan al vertedero. Incapacidad y sanción De acuerdo a lo estipulado en dicho contrato, el plazo estimado de ejecución fue hasta alcanzar la capacidad de disposición de residuos sólidos, en un tiempo aproximado de 11 años de operación, aunque este tiempo podría variar sin generar cargo alguno de responsabilidad a la UAESP. El contrato de concesión fue firmado durante la administración del entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno, siendo Miriam Margoth Martínez directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Con motivo de la adjudicación de dicho contrato, la Fiscalía General de la República, en ese entonces bajo el liderazgo de Alejandro Ordoñez, abrió una investigación contra Martínez Díaz y, en mayo de 2011, fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos por 10 años, debido a las supuestas irregularidades que se cometieron en la adjudicación del contrato en mención. Según la Procuraduría General de la República, Martínez Díaz no manifestó ni dejó constancia de los criterios tomados en cuenta para calificar las propuestas que fueron recibidas y calificadas para participar en la licitación. Gana la oferta más baja El Consorcio CGR presentó en su oportunidad la propuesta más baja para retener el contrato de la UAESP y la operación del Relleno Sanitario, que mueve más de 6.300 toneladas de residuos diarias; Sin embargo, luego de varios meses de operación, en diciembre de 2010 el Consorcio CGR decidió demandar al Distrito porque, según consta en la demanda, la planta de lixiviados no se encontraba en buenas condiciones, algo que estaba establecido en el contrato. Según la CGR, el dinero del contrato no alcanzaba para cubrir los costos de operación de la planta si además era necesario repararla. Otro motivo de la demanda expresada por el consorcio fue que la CRA cambió las reglas del juego para la disposición de residuos sólidos, lo que implicó nuevos desafíos en la operación y nuevas inversiones no planificadas que afectaron gravemente las finanzas. A esto hay que sumar la llegada de nuevos alcaldes como Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, quienes a su vez aplicaron nuevos cambios al modelo de recaudación, lo que produjo nuevos impactos que afectaron al Consorcio CGR. En 2018, durante la alcaldía de Peñalosa, el operador logró que la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) elevara la tarifa por tratamiento de lixiviados, la cual pasó de $1.937 a $11.949 por tonelada, con un incremento del 517%. En junio de 2022, el valor aumentó a $21,365, con un aumento de 1,003%, y la disposición de residuos sólidos pasó de $20,358 en octubre de 2018 a $34,069 pesos por tonelada, con un aumento de 67%. A junio de 2022, el valor por tonelada se mantuvo en $40.576, con un aumento del 99%, lo que tuvo un gran impacto en la operación del vertedero desde 2011, porque la tarifa tenía déficit. Todo esto llevó al Consorcio de la CGR a decidir demandar al Distrito ante un Tribunal Arbitral, y que el pago de la tasa fuera retroactivo, para compensar pérdidas por mil 200 millones de pesos. La demanda también solicitó que se declare que el pago del canon no fue suficiente para cumplir con las obligaciones estipuladas en el contrato, lo que liberaría al Consorcio CGR de una posible sanción por no cumplir con lo establecido en el Contrato 344 de 2010. Un paso adelante, dos pasos atrás En abril de 2023, el laudo arbitral falló a favor del Consorcio CGR y condenó al Distrito, a través de la UAESP, a pagar la cantidad de $65.000 millones. Allí negó los reclamos del operador por mil 200 millones de pesos. Sin embargo, en agosto de 2023, el Consejo de Estado anuló parte del laudo arbitral y dejó sin efecto el pago de los $65.000 millones que había ordenado al Distrito. En 2019, durante la Administración de la exalcaldesa Claudia López, en un estudio realizado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se encontró que el Consorcio CGR solo cumplió con cifras del 35% y 50% de las establecidas en las normas ambientales vigentes para el tratamiento de lixiviados y, en 2020, estuvo por debajo del 30% por fallas o daños a la planta de tratamiento de lixiviados, lo que prácticamente terminó en una sanción para el Alcaldía Mayor de Bogotá, teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental cobró a la UAESP por daños ambientales. Por todo ello, la alcaldía tomó la decisión de demandar al Consorcio ante la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de malversación de fondos, por supuestamente haberse apropiado de 163.000 millones para el tratamiento de lixiviados, lo cual no hizo; por fraude procesal, porque aparentemente no cumplió con una resolución judicial que obligaba al Consorcio a presentar nuevos diseños para mejorar el tratamiento de líquidos, y por haber proporcionado información falsa y confusa que podría llevar a la UAESP a cometer errores. Ante esto, el consorcio interpuso una nueva demanda que insistió en el cobro de $1.200 millones por supuestas pérdidas. Decisión final El pleito entre la Administración y el Consorcio continuó hasta llegar a un nuevo Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, integrado por los juristas Luis Guillermo Dávila Vinueza, Germán Alonso Gómez Burgos y Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta, quienes este abril de 2026 emitieron sentencia firme condenando a la Alcaldía de Bogotá a pagar al Consorcio CGR la suma de $420.097 millones. Según el fallo, la cifra correspondería a una indemnización aparentemente por un desequilibrio económico y daños por incumplimiento contractual en la operación del Relleno Sanitario Doña Juana. A su vez, el tribunal ordenó al Consorcio de la CGR pagar al Distrito la suma de $17.077 millones por incumplimientos en la operación del relleno sanitario y su mantenimiento, especialmente en el manejo de lixiviados. Este Consorcio está integrado por las empresas Gesproyect SAS, Ecensa Colombia SAS e Imposeg Industrial LTDA y su Gerente General es Andrea Pérez Cadavid. 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