Líderes de sectores clave tienen tambaleando al presidente de Bolivia que lleva seis meses en el cargo

Lo que comenzó en Bolivia como un levantamiento sectorial por la disminución de los subsidios a los combustibles, se extendió en las últimas tres semanas a múltiples sindicatos industriales, descontentos con la situación económica y política que atraviesa la nación latinoamericana. «El conflicto se ha centrado en la sede de Gobierno, que está asediada por todos los puntos de comunicación con el resto del país», destacó a France 24 la politóloga María Teresa Zegada. Aunque el Ejecutivo ha entrado en diálogo y alcanzado acuerdos con algunos sectores rebeldes, las calles siguen ardiendo debido a que partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por el expresidente Evo Morales, piden la dimisión del actual presidente, Rodrigo Pa. Movimiento multisectorial Las manifestaciones que comenzaron a principios de mayo han congregado gremios mineros, transportistas, agricultores y sindicatos de todo el país, que presionan al Gobierno de Rodrigo Paz para que revierta las medidas de austeridad y controle el encarecimiento del costo de vida. Pero el presidente defiende los recortes de gastos y la reducción de los subsidios al combustible como medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas. «Mientras un conflicto se descomprime, otros se abren. Es decir, es un escenario muy crítico» En una movilización tan amplia, las demandas llegan desde múltiples bandos al Ejecutivo. Los docentes, por ejemplo, exigen mejores salarios y más financiación, mientras que los sindicatos del transporte protestan por la escasez de combustible y los problemas de suministro. El aumento de los precios de la gasolina abrió la puerta a la entrada de combustible de mala calidad que ha dañado los motores de algunos vehículos. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas y rurales se manifiestan contra las reformas agrarias que, en su opinión, favorecen a los grandes terratenientes. Aunque el Gobierno intentó contener el malestar social derogando la ley agraria y anunciando aumentos salariales, estas medidas no han sido suficientes para sofocar las protestas. «El Gobierno está haciendo esfuerzos para establecer escenarios de diálogo y mitigar la conflictividad social. Sin embargo, mientras se descomprime un conflicto, otros se abren. Es decir, es un escenario muy crítico y estamos en el momento más crítico», advierte Zegada. La economía boliviana, lastrada por la inflación, registra un aumento de precios a un ritmo del 14% interanual, según la medición de abril. Leer también Bolivia entra en su tercera semana de protestas por la inflación y la crisis económica Disturbios Las manifestaciones se han vuelto cada vez más violentas. El lunes terminó con enfrentamientos entre fuerzas públicas y manifestantes en La Paz, quienes saquearon algunos negocios y edificios gubernamentales y destrozaron varias estaciones de transporte público. La empresa estatal Mi Teleférico suspendió temporalmente sus servicios en cuatro líneas por donde pasaron las manifestaciones tras reportar daños en algunas instalaciones. Los activistas rodearon las calles aledañas a la Plaza Murillo, donde se encuentran las sedes de Gobierno y Parlamento. Lanzaron piedras, petardos y cargas de dinamita para intentar abrumar a los policías antidisturbios que custodiaban los asientos del poder. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos. En pocos minutos la calle se convirtió en una batalla campal. Un grupo de manifestantes derribó las puertas de un edificio privado para utilizarlas como protección y algunos se llevaron del lugar objetos como papeles o muebles, que utilizaron para encender hogueras y levantar barricadas. En otro sector de La Paz, algunos funcionarios del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) filmaron la irrupción de manifestantes al edificio de la entidad, donde destrozaron y retiraron algunos muebles, mientras otro grupo apedreaba uno de los accesos a los juzgados. Algunos vendedores ambulantes informaron que los manifestantes saquearon y destruyeron sus pequeños negocios. Un vehículo policial quedó calcinado cerca de las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). Además, unos 15 periodistas y cuatro equipos de prensa fueron agredidos en la última semana de protestas, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo. Las autoridades informaron de tres muertes atribuidas a las protestas, incluidos pacientes que murieron dentro de ambulancias al no poder llegar al hospital para recibir atención médica. Leer tambiénBolivia: los bloqueos endurecen la presión por un aumento salarial y la salida de Rodrigo Paz Se agrava el desabastecimiento El departamento de La Paz permanece aislado del resto del país desde hace 13 días debido a los bloqueos de carreteras promovidos por la Federación Campesina Tupac Katari con el apoyo de la Central de Trabajadores de Bolivia (COB). La escasez de alimentos, combustible y suministros médicos comienza a cronificarse tras tres semanas de bloqueos. «La Paz está casi desprovista de alimentos, los precios han subido mucho y es muy complejo para quienes viven en esa región», ilustra la socióloga María Teresa Zegada. Los bloqueos de carreteras han dejado unos 5.000 camiones varados en las carreteras, mientras que las cámaras de comercio estiman pérdidas de más de 50 millones de dólares al día. Este martes 19 de mayo, varios bancos bolivianos cerraron temporalmente sus sucursales en la capital, alegando problemas de seguridad ante la escalada de disturbios, mientras que la petrolera estatal YPFB indicó que bloqueos en su planta de Senkata y en varias carreteras de todo el país provocaron la suspensión de los envíos de crudo a las zonas afectadas. En el resto del país también hay algunos cierres viales, como en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. El Ejecutivo ha intentado paliar el desabastecimiento con el uso de aviones de carga y militares para llegar a las zonas bloqueadas. Argentina incluso envió un avión militar con víveres a pedido del gobierno boliviano. Leer tambiénConflicto en Bolivia: protestas de al menos siete sectores ponen en jaque al Gobierno de Paz Mano firme contra las protestas La compleja situación de orden público en Bolivia ha revelado «un equilibrio difícil para el Gobierno, entre abrir corredores humanitarios (por la fuerza) -como lo hizo el fin de semana para dejar pasar combustible y alimentos- y no generar más reacción social y más protestas», explica la politóloga y socióloga María Teresa Zegada. En este escenario, el presidente Rodrigo Paz se mantiene firme en su dura postura frente a las protestas, pues descarta, por el momento, comprometer más recursos públicos para satisfacer a los manifestantes, argumentando que debe controlar el déficit fiscal que se mantiene en el 10% del PIB. «Se puede abrir un escenario muy crítico de enfrentamiento entre la sociedad civil que puede derivar en escenarios de violencia» El Ejecutivo ha ordenado desbloquear algunas vías por la fuerza, aunque sin el uso de armas letales, con el despliegue de unos 3.500 miembros de la fuerza pública. Según la Fiscalía, unas 90 personas han sido detenidas. «Pueden manifestarse si es pacífico, pero tomaremos medidas si cometen delitos», declaró el viceministro del Interior, Hernán Paredes. Algunos gobernadores regionales han presionado al presidente para que declare el estado de emergencia, en un intento de evitar una mayor escalada en las calles. «Hay sectores de la sociedad civil que están en contra de los bloqueos porque están siendo afectados, como el sector productivo, empresarial o comercial», dice Zegada, antes de resaltar que estos grupos han convocado a una contraprotesta para rechazar el corte de ruta. «Se puede abrir un escenario muy crítico de enfrentamiento entre la sociedad civil que puede desembocar en escenarios de violencia», advierte el politólogo y sociólogo. Por si fuera poco, el presidente ha tenido que afrontar otra rebelión dentro del Gobierno, después de que el vicepresidente, Hermán Lara, se opusiera a los operativos policiales, en un nuevo choque de posturas con el líder del Ejecutivo. «La vicepresidenta se ha convertido en uno de los principales opositores del Gobierno, paradójicamente», afirma Zegada tras recordar que, en caso de una hipotética dimisión de Paz, Lara seguiría al frente del Ejecutivo. Con sólo seis meses en el poder, al jefe de Estado todavía le quedan cuatro años y medio al frente del país. «La Constitución prevé un escenario de elecciones anticipadas, pero después de que haya transcurrido la mitad del mandato, es decir, dentro de dos años», señala el analista. Algunas voces de apoyo al presidente han llegado desde fuera de sus fronteras. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de Estados Unidos mostró su apoyo a Paz al sostener que las manifestaciones han desembocado en una crisis humanitaria. En la misma línea, ocho gobiernos latinoamericanos aliados, desde Chile hasta Costa Rica, emitieron un comunicado conjunto rechazando “cualquier acción que atente contra el orden democrático”. Evo Morales, detrás del telón Se han mezclado demandas económicas con peticiones políticas. «Es un escenario complejo porque han confluido elementos sociales muy legítimos con elementos políticos de inestabilidad que están siendo alentados por el ex partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS)», del expresidente Evo Morales, dice la politóloga María Teresa Zegada. Desde su confinamiento en el trópico de Cochabamba, Morales ha utilizado las redes sociales como plataforma para impulsar protestas contra el presidente Rodrigo Paz. “Mientras no se atiendan necesidades estructurales como combustible, alimentos e inflación, el levantamiento no se detendrá”, vaticinó Morales en la red social Morales niega haber cometido delito alguno. Mientras tanto, el Gobierno de Paz señala a Morales como el impulsor de las movilizaciones, en un «intento» de regresar al poder. Lea también Evo Morales evita audiencia en Bolivia mientras enfrenta acusación por relación con menor Navegación de entradas

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