Los cientos de habitantes del barrio El Remanso exigen al Distrito aplicar la misma solución que se tomó hace 10 años en el barrio María Paz en Kennedy El Remanso es un barrio de gente humilde que tiene tres cuadras descubiertas a orillas del río Tunjuelito. Acostumbrados a los golpes de la vida, los vecinos del sector reconocen que fueron engañados cuando les vendieron los lotes. Según cuentan, los nombres de los vendedores eran: Jesús, José, Jairo… Puede que sean diferentes o puede que sea el mismo que firmó las promesas de venta que Mauro Méndez. Ladrillo a ladrillo, cien familias construyeron con sus propias manos un albergue, con la esperanza de vislumbrar nuevos amaneceres, dejando atrás los días oscuros en los que debieron huir de sus lugares por la violencia y la falta de oportunidades. Sin embargo, un fallo judicial de 2019 acabó con esas ilusiones y volvió a sembrar incertidumbre en los hogares de El Remanso. La decisión judicial determinó que el inmueble de 5.400 metros cuadrados tenía dueño que no era ni Jesús, ni José, ni Jairo, sino la Sociedad Transportadora de los Andes (Sotrandes SA), una de las primeras empresas de transporte urbano que tuvo Bogotá. Antecedentes del proceso legal En 2011, dos años después de haber vendido lotes ilegalmente a personas que apenas sabían leer, Juan de Jesús Francisco Rodríguez Vargas, en representación de Sotrandes SA, interpuso una demanda ante el Juzgado 60 Penal del Circuito de Bogotá por alteración en la posesión del terreno ubicado en la carrera 87C No. 74-70 Sur. También puede leer: Los dos supuestos cuadros de Rubens comprados por el narco ‘Rasguño’ sobreviven almacenados en una bodega En 2019, esta acción resultó en una orden de desalojo para los habitantes de El Remanso. Sin embargo, la materialización del pedido ha enfrentado sucesivos aplazamientos. En septiembre de 2024, el Juzgado 60 Penal del Circuito y el Consejo de Justicia de Bogotá ordenaron la restitución del inmueble. Sin embargo, dos años después de la orden, el barrio seguía ocupado porque no se daban las condiciones para realizar el trámite sin vulnerar los derechos fundamentales de la población que allí reside. Barrio El Remanso, ubicado en la localidad de Bosa. El día que vinieron a sacar a la gente de sus casas Aunque no se había resuelto la cuestión de cómo devolver los terrenos a sus dueños sin violar los derechos de los habitantes de El Remanso, el 6 de mayo de 2026 decenas de policías llegaron al barrio y cortaron los servicios de agua, luz y gas. El desalojo era inminente. Algunos vecinos lograron hacer las maletas, mientras que otros se plantaron frente a la policía decididos a no dejarse sacar. Protesta pacífica en el barrio El Remanso Según los vecinos del barrio, una de las supuestas garantías que les había dado la Alcaldía era la promesa de dinero para pagar dos o tres meses de alquiler. Una propuesta que no fue bien recibida por los vecinos del sector, quienes se sienten doblemente engañados, pues no sólo compraron un lote ilegal, sino que ahora quieren dejarlo en la calle por unos pesos que no reemplazan el dinero y los años invertidos en la construcción de sus casas. También puedes ver: El ex periodista de RCN que creó la primera revista para adultos en Colombia financiada por Pablo Escobar Finalmente, la resistencia de los vecinos dio resultados y se pospuso unas semanas más el desalojo que, si bien no calma la angustia que no los deja dormir, al menos da la posibilidad de que llegue una verdadera solución que no los obligue a abandonar su barrio. La Alcaldía puede arreglar la situación En 2017, el barrio María Paz en la localidad de Kennedy enfrentaba una situación similar a la que enfrenta hoy El Remanso. El sector era propiedad de la Central de Alimentos Corabastos. El entonces alcalde Enrique Peñalosa ordenó la compra de las 1.300 propiedades de María Paz y entregó los títulos a las familias. Por ello, los vecinos de El Remanso esperan que el actual alcalde Carlos Fernando Galán utilice estas mismas herramientas legales con las que cuenta el Distrito y permita que las más de cien familias del sector no sean desalojadas. En ese caso, el Estado puede acogerse a la Ley 9 de 1989 y pagar al legítimo propietario del terreno el 10% del valor comercial que, según el concejal José Cuesta, corresponde a $2.500 millones. Es decir, 5.500 millones de dólares menos de lo que pide Sotrandes para negociar. Mientras tanto, los habitantes de El Remanso esperan que no llegue el 14 de julio de 2026, fecha final que el inspector policial estableció para cumplir con el fallo judicial de restitución del inmueble, sin que exista una solución que no los obligue a abandonar sus hogares. También te puede interesar: Editar navegación de publicaciones
