La Justicia investiga varios casos de presunta corrupción al frente del Partido Mais y acaba de ser llamado a investigación ante la Corte Suprema de Justicia. La jueza Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quien mantiene un litigio desde hace varios años con el ministro del Interior Armando Benedetti por su presunta corrupción en Fonade, lidera la investigación contra la senadora Martha Peralta del Pacto Histórico y cercana al presidente Gustavo Petro. Peralta, quien se convirtió en un aliado clave del mandatario nacional como eje de la coalición de gobierno en el Senado y quien fue reelegida por el oficialismo y quien ha estado implicada en varios de los escándalos de la Unidad de Gestión de Riesgos (UNGRD) en La Guajira, lo que la ha llevado a estar rodeada de justicia. Tiene una larga trayectoria en el partido Mais, que ha respaldado a candidatos de distintas corrientes y estuvo vinculado a la campaña presidencial de Gustavo Petro, con cuyo triunfo obtuvo apoyo para los proyectos que lidera en La Guajira. Por uno de estos recursos y por el presunto desvío de más de 20 mil millones de fondos comunitarios que habrían acabado en campañas políticas, la justicia está sobre él. Le puede interesar: Los contratos por los que la Corte tiene encima a Martha Peralta, la poderosa senadora del Pacto El caso por el que fue llamada a indagatoria es por un contrato por casi $2.170 millones firmado en octubre de 2023 para el alquiler de maquinaria amarilla y volquetes con destino a Riohacha. Según la Fiscalía y los testimonios recabados, el senador había solicitado que este contrato fuera entregado a empresarios políticamente cercanos. Se le acusa preliminarmente de haber cometido los delitos de tráfico de influencias y cohecho indebido. La senadora ha tratado de no aceptar las investigaciones que la rodean y resultaron escandalosas sus desafiantes fotos de vacaciones en un hotel de París, lujo que incluso el presidente Petro justificó por haber estado de vacaciones. Martha Peralta junto a su esposo, el médico Manuel Julián Molina Pérez. Los interrogantes que rondan al senador Al menos $20 mil 400 millones de pesos destinados a comedores comunitarios de Albania, La Guajira, habrían sido desviados en este municipio como un favor político al alcalde de ese municipio, aliado de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico. Así lo informó Caracol Radio en su momento. Nera Robles, la actual alcaldesa de Albania, se postuló con el respaldo de Maís, el partido liderado por Peralta. El senador apoyó abiertamente esa candidatura. En total, de las 1.114 ollas para todo el país, 470 fueron para La Guajira, con un costo de más de $61.000 millones de pesos. De ese dinero, 20.400 millones de dólares se asignaron a Albania, el municipio al que se le adjudicó el contrato más caro. Le puede interesar: Los 30 congresistas que la Corte Suprema señala de canjear su voto por contratos en Invías Según reveló Caracol, el contratista de las ollas comunitarias fue el exrepresentante Jorge Martelo, de Cambio Radical, quien también es un empresario y ganadero cercano al grupo político albanés que lidera Robles. Los contratistas de las ollas fueron seleccionados por Luis Gómez, gerente para La Guajira designado por el gobierno de Petro, quien renunció en noviembre de 2023. Ojos puestos en Peralta Desde finales de 2025, las autoridades comenzaron a vigilar los movimientos de MC&I Américas SAS, Sociedad Anónima Simplificada, fundada el 9 de enero de 2020 y con sede en Barranquilla, especializada en el diseño, construcción, supervisión y gestión de proyectos de energía solar para zonas rurales no interconectados, así como en la fabricación de componentes eléctricos. Su representante legal es Carlos Enrique Herazo de la Barrera, cuñado de Peralta. La empresa habría registrado un notable aumento de ingresos gracias a diversos contratos públicos. Para 2024 habría recibido al menos un contrato por más de $800 millones para construir paneles solares con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral – AlDesarrollo. También forma parte de un consorcio que obtuvo un cuestionado contrato con la Procuraduría General de la República por $9.000 millones, y otra alianza con la Cancillería por $10.000 millones. Le puede interesar: El senador del Pacto que estaría implicado en el escándalo de la Ungrd por un asesor del exministro Bonilla La empresa habría facturado entre $5.000 y $10.000 millones en 2023, con un patrimonio cercano a los $1.800 millones y una plantilla de unas 45 personas. Esta historia resalta las huellas que ha ido dejando Peralta desde su llegada al Congreso y que la llevarán a rendir cuentas ante la Corte Suprema de Justicia. Navegación de publicaciones
octubre 10, 2026
