La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, firmó el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos con el objetivo de reconfigurar el escenario operativo y financiero de la energía nacional.
El instrumento legal busca actualizar el marco regulatorio de la industria petrolera y gasífera para desbloquear trámites burocráticos, optimizar procesos técnicos en los campos de explotación e impulsar la atracción de capitales tanto locales como extranjeros para apalancar los planes nacionales de reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio.
«Después de 83 años firmamos este reglamento, para el cual se estudiaron y analizaron 1.389 resoluciones. Este reglamento se adapta a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos con el fin de convertir las reservas de Venezuela en desarrollo de nuestro país, y consolidar a Venezuela como una potencia energética, que es nuestro objetivo”, dijo el presidente encargado durante el acto oficial.
Asimismo, Rodríguez enfatizó que el fortalecimiento de la actividad petrolera y gasífera permitirá recuperar la infraestructura afectada por la contingencia sísmica, señalando que “Venezuela renacerá con mucha más fuerza y unidad nacional”.
Seguridad jurídica y control operativo
Por su parte, la Ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao, indicó que este reglamento permitirá ordenar, instrumentalizar y dar control para la correcta aplicación de la ley orgánica en los distintos organismos operativos del territorio.
La aprobación de este reglamento representa un hito clave para la industria petrolera, ya que proporciona un ambiente de estabilidad institucional y reglas claras que promueven la cooperación estratégica entre el Estado venezolano y los inversionistas privados.
Con la implementación de esta norma, el gobierno nacional busca adaptar la industria matriz del país a las altas exigencias competitivas del mercado energético internacional. Las autoridades proyectan que el incremento técnico y la reactivación de las inversiones se traducirán directamente en soberanía económica y generación de recursos destinados a frentes de trabajo y bienestar de la población.
