El asesinato del poderoso Pedro Pechuga, otro crimen, disputas legales y promotores piratas se vinculan al lote La Azotea donde se ubica el Árbol del Ahorcado. El asesinato de Juan Sebastián Aguilar, conocido en el mundo esmeralda como Pedro Pechuga, marcó un punto de inflexión en una historia que se había escrito en silencio durante años. Un francotirador lo mató en agosto de 2024 dentro de su casa, en un conjunto residencial en el norte de Bogotá, frente a su familia y junto a su amplio esquema de seguridad que no sirvió de nada. Su nombre más allá del mundo de las guerras verdes volvió a sonar por su cercanía con la ex consejera regional, la militante del Partido Verde Sandra Ortiz, quien se encuentra detenida en el penal del Buen Pastor acusada por la Fiscalía en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres. Meses después, en el mismo lugar y bajo un método casi idéntico, cayó Jesús Hernando Sánchez, su más cercano socio y aliado. Ambos habían sido hombres clave en el imperio de Víctor Carranza, el histórico zar esmeralda fallecido en 2013, y ambos estaban vinculados a una disputa que iba mucho más allá de las minas: la lucha por un enorme terreno al sur de la capital. Esa tierra se llama La Azotea. Son más de 300 hectáreas de terreno en la localidad de Ciudad Bolívar, espacio que limita con barrios populares de Bogotá y sectores del municipio de Soacha. Se trata de un inmueble conocido por albergar el llamado Palo del Ahorcado, lugar de peregrinación religiosa que atrae a miles de personas cada Semana Santa. Pero detrás de esa devota postal hay otra historia, menos visible y más dura, en la que confluyen narcotraficantes, traficantes de esmeraldas, políticos locales y promotores ilegales. Lea también: El Árbol del Ahorcado: el lugar más terrorífico del sur de Bogotá Durante años, la mayor parte de La Azotea, según una investigación publicada en El Espectador, estuvo en manos de Horacio Triana, personaje que primero se conoció como traficante de esmeraldas y enemigo del zar Carranza, luego como narcotraficante. Triana fue extraditado a Estados Unidos en 2019 por cargos relacionados con drogas y, en Colombia, acabó condenado tras aceptar responsabilidad por un atentado contra Jesús Hernando Sánchez ocurrido en 2012. Aquel atentado, perpetrado en plena Zona T de Bogotá, dejó a Sánchez con graves consecuencias y abrió otro capítulo de una guerra oculta que se prolongó durante más de una década. El lugar donde se encuentra el árbol del ahorcado es uno de los lugares más reconocidos de Ciudad Bolívar. Cuando la Fiscalía decidió embargar los lotes 2 y 3 de La Azotea, en 2020, por pertenecer a los Triana, los terrenos pasaron a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales, hoy encabezada por la abogada Amelia Pérez. Para entonces, la propiedad ya se había convertido en una especie de botín maldito. Antes de la incautación, en 2017, los Triana habían vendido esos terrenos al promotor Eduardo Romano, quien afirmó haberlos comprado con la idea de construir allí un megaproyecto de vivienda social. Romano siempre sostuvo que, en el momento de la transacción, no había procesos judiciales visibles contra los vendedores y que el origen del inmueble parecía limpio, más aún porque en el pasado había estado en manos de empresarios y profesionales sin antecedentes penales. Lea también: Él era Jesús H. Sánchez, el socio de Víctor Carranza que mató a un francotirador en el norte de Bogotá La incautación detuvo cualquier intento de construcción y abrió un limbo legal que duró años. En ese escenario apareció Pedro Pechuga. Tres meses antes de su asesinato, Aguilar presentó una solicitud formal ante el SAE para que se le vendiera una parte de La Azotea, unas 24 hectáreas asociadas a un título minero de su propiedad. Su interés era explotar una cantera de materiales de construcción a través de una de sus empresas. No fue un movimiento menor: significó poner un pie, directamente, en una de las zonas más disputadas del sur de Bogotá. Ese intento fue leído, dentro del mundo esmeralda, como un desafío abierto. Desde la muerte de Carranza, la relación entre los antiguos socios se había deteriorado hasta convertirse en una guerra silenciosa. La Azotea fue uno de los frentes de ese enfrentamiento. Controlar ese territorio significaba tener poder territorial, recursos y un chip clave en futuros desarrollos urbanos. No era sólo un negocio inmobiliario; Era una forma de consolidar la influencia. Tras el asesinato de Pedro Pechuga y la muerte de Jesús Hernando Sánchez, el interés por La Azotea se enfrió abruptamente. Nadie volvió a tocar la puerta del SAE para preguntar por la cantera ni por los lotes. El miedo hizo lo que ni los jueces ni la burocracia habían logrado: congelar cualquier movimiento en torno al inmueble. Lea también: El poder intocable de Víctor Carranza: un hombre que ni la justicia ni la guerra lograron derrocar Sin embargo, los expedientes judiciales siguieron avanzando por sí solos. En septiembre de 2025, un juzgado de Bogotá ordenó la devolución a los Trianas de 21 bienes que les habían sido confiscados años atrás. La razón fue tan sencilla como demoledora: extrañamente, la Fiscalía no presentó, dentro del plazo legal, la demanda por decomiso de bienes. Esa decisión abrió la puerta a los antiguos dueños para reclamar propiedades y reavivó la incertidumbre sobre el futuro de La Azotea, aunque seguían vigentes medidas cautelares en algunos lotes. El último capítulo de una guerra que está lejos de terminar El capítulo más reciente de esta historia fue escrito el 19 de enero de este año. Un juzgado penal de Bogotá condenó a Luz Elena Guerra Ladino, exalcaldesa del sector El Mochuelo, en Ciudad Bolívar, a siete años de prisión. La sentencia estableció que el exfuncionario manipuló un proceso administrativo para entregar irregularmente una parte de La Azotea a Rafael Forero, hijo del exconcejal Rafael Forero Fetecua, conocido en la década de los ochenta por ser uno de los promotores piratas más grandes del país. El fallo dejó en claro que, incluso en medio del caos judicial, hubo intentos concretos de fragmentar y apropiarse de la tierra por medios ilegales. La Azotea también apareció en historias de presiones y amenazas. Su propietario formal denunció acercamientos de exnarcotraficantes e intermediarios con un largo historial de estafas inmobiliarias. Algunos de estos personajes terminaron asesinados, reforzando la idea de que la propiedad estaba rodeada de una violencia persistente, casi estructural. Hoy, La Azotea sigue ahí, extendida por el sur de Bogotá como una promesa incumplida y un problema no resuelto. Es tierra codiciada y tierra temida. Un lugar donde se unen la fe popular, la ambición urbana y las sombras de viejas guerras criminales. Luego de los asesinatos de Pedro Pechuga y Jesús Hernando Sánchez, la tierra parece haberse puesto en pausa, como si todos entendieran que hay propiedades que, por su historia, nadie quiere tocar. En La Azotea, más que proyectos o escritos, lo que pesa es el recuerdo de una disputa que se ha cobrado demasiadas vidas.
