El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reunido en la Sala de lo Constitucional, acordó atender un expediente abierto hace 15 años y que mantenía enfrentados a miembros de un grupo familiar, que se disputaban bienes heredados. A raíz de esta decisión, los magistrados dictaron una serie de medidas encaminadas a solucionar el conflicto familiar.
Todo comenzó en 1968 cuando Athanasios Frangogiannis y su cuñado Dimitru Caravasile fundaron Inmobiliaria Mica CA Athanasios con el 75% de las acciones y Dimitru poseía el 25%. Los desacuerdos quedaron al descubierto en octubre de 2010, cuando Atanasio regresó de Grecia, tras una larga estancia por motivos laborales y de salud.
En aquella ocasión, Atanasios detectó ''determinadas irregularidades'' presuntamente cometidas por su cuñado, por lo que decidió destituirlo como director general de la inmobiliaria.
Paralelo a esto, el hijo del socio Dimitru Caravasile, identificado como Gregorio Frangogiannis Caravasile, presuntamente habría realizado una serie de acciones que derivaron en el desplazamiento del socio mayoritario, es decir, Athanasios Frangogiannis.
Según el expediente, las acciones realizadas por Gregorio Frangogiannis se materializaron en la modificación de cláusulas principales del acta constitutiva de la empresa Inmobiliaria Mica CA, que redujo la participación accionaria de Athanasios Frangogiannis del 75% al 0,37%. Y por el contrario, Dimitru Caravasile asumió como propietario de la sociedad comercial tras aumentar su participación del 25% al 99,63%.
Esta situación fue denunciada al Ministerio Público el 14 de diciembre de 2011, por el apoderado judicial de Athanasios Frangogiannis, quien señaló a Gregorio Caravasile Frangogiannis y Dimitru Caravasile, por la presunta comisión del delito de estafa agravada.
la imputación
Tres años después de esa denuncia, es decir, el 13 de enero de 2014, se llevó a cabo el acto de imputación de Gregorio Caravasile, ante la Fiscalía 21 Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de estafa y lavado de activos.
Luego, se celebraron tres audiencias preliminares en distintos juzgados de control de Caracas, entre abril de 2017 y julio de 2019, donde se dictaron decisiones favorables a Gregorio Caravasile, quien fue absuelto de los delitos imputados.
La defensa de Athanasios Frangogiannis apeló en cada caso y los tribunales de apelaciones declararon infundados dichos recursos, confirmando el sobreseimiento a favor de Gregorio Caravasile.
Ante tales contratiempos acudieron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que declaró la nulidad de oficio de una de esas audiencias preliminares, específicamente la del 26 de abril de 2017, mediante la cual el Juzgado Octavo de Control de Caracas decretó el primer sobreseimiento a favor de Gregorio Caravasile. Esa decisión de la Sala Penal se produjo el 7 de diciembre de 2018, mediante sentencia número 391.
En ese fallo, los magistrados detectaron que el Juzgado Octavo de Control de Caracas no expresó «las razones de hecho y de derecho en que se basó la decisión, indicando las disposiciones legales aplicadas, incurriendo en el vicio de falta de motivación». Los magistrados dicen desconocer por qué el citado tribunal de control destituyó a Gregorio Caravasile.
La Sala Penal dice que tal procedimiento deja a la presunta víctima incapaz de formular una eventual «indemnización por daños y perjuicios» en el futuro, si se confirma el fraude denunciado. Con base en esos criterios, los magistrados ordenaron la realización de una nueva audiencia preliminar, para que otro tribunal de control evalúe si Gregorio Caravasile merece ser procesado por la presunta comisión del delito de estafa agravada.
Esta nueva audiencia preliminar no se llevó a cabo, porque el Juzgado 8° de Control de Caracas, donde recayó el expediente, consideró que había transcurrido el tiempo que las leyes otorgan al Estado para investigar y sancionar el delito de estafa, por el que se procesa a Gregorio Caravasile. En consecuencia, el citado tribunal decretó el sobreseimiento de la causa “por extinción de la acción penal… por ser evidente que se ha excedido ampliamente el plazo previsto para que opere la prescripción extraordinaria o judicial”. Y dado que con la acción penal también se extinguió la facultad y competencia jurisdiccional para continuar conociendo el caso, “resulta innecesario o irrelevante fijar fecha para la celebración de la audiencia preliminar”.
el llamado
La víctima consideró que todas estas decisiones violaron su derecho a obtener justicia «sin que los organismos competentes hayan hecho nada para remediar la situación». Por ello, solicitaron la intervención de la Sala Constitucional del TSJ, a través de un recurso de apelación que fue presentado ante esa instancia el 28 de octubre de 2019 y cuya respuesta se produjo el 11 de marzo, mediante sentencia 218.
En esa sentencia, los magistrados exponen una serie de irregularidades detectadas en el proceso penal donde aparecen como imputados Gregorio Caravasile y su padre Dimitru Caravasile, acusados de defraudar a Athanasios Frangogiannis.
En el transcurso de este proceso, iniciado hace 15 años, fallecieron los dos socios fundadores de Inmobiliaria Mica CA y quedaron en la disputa Irma Michailos de Frangogiannis, viuda de Athanasios, y Gregorio Caravasile, hijo de Dimitru Caravasile.
Aquí parte de las medidas dictadas por la Sala Constitucional para resolver el conflicto familiar.
1.- Se acoge la solicitud de reconocimiento presentada por el representante legal de Irma Michailos de Frangogiannis (viuda) respecto del proceso penal seguido contra Gregorio Caravasile, conocido por el Juzgado 8° de Control de Caracas.
2.- Declara la nulidad absoluta de la decisión de 19 de enero de 2021, emitida por el Juzgado 8° de Control de Caracas, por la cual se declaró la prescripción extraordinaria o judicial de la acción penal, y, en consecuencia, el sobreseimiento del proceso contra Gregorio Caravasile.
4.- Ordena devolver la causa penal principal a la fase preparatoria, para que el Ministerio Público investigue la presunta comisión de los delitos de estafa asociada a fraude procesal y obstrucción a la administración de justicia «como consecuencia de las actuaciones obstruccionistas desplegadas por el imputado Gregorio Caravasile».
5.- Declara la nulidad absoluta de la investigación realizada por la Fiscalía Sexagésima Segunda del Ministerio Público del Distrito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sobre Irma Michailos.
6.- Se ordena que las acciones nominativas de la sociedad Inmobiliaria MicaI CA, identificadas a favor del socio minoritario, Dimitru Caravasile o sus causahabientes, queden a favor y a nombre del socio o socios mayoritarios o sus causahabientes de la citada entidad comercial, «con el fin de resolver parcialmente los daños y perjuicios causados por los hechos ilícitos que han sido identificados, establecidos y declarados en esta sentencia».
7.- Se declara y ratifica el nombramiento de Irma Michailos de Frangogiannis como administradora de la sociedad mercantil Inmobiliaria Mica, CA
