El Palacio de Justicia de Caracas se convirtió en el epicentro de la Consulta Nacional para la Reforma Penal, que reunió a jueces, secretarios, secretarias y alguaciles de los circuitos judiciales penales del Área Metropolitana de Caracas y los estados Miranda y La Guaira. Personal judicial aportó ideas, experiencias y propuestas técnicas en diversas mesas de trabajo encaminadas a reestructurar el sistema de justicia procesal.
La apertura formal de la actividad estuvo a cargo de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez. Durante su intervención, la titular de la Corte Suprema definió este proceso como una invitación institucional a la autorevisión y la autocrítica constructiva, resaltando la importancia de corregir fallas y diseñar alternativas viables a la compleja tarea de administrar justicia en el país.
En línea con un enfoque participativo, el fiscal general de la República y secretario de la consulta nacional, Larry Devoe, destacó que las mesas de trabajo no responden al diseño de políticas públicas a puerta cerrada.
El representante del Ministerio Público enfatizó que el proceso incluye las voces de operadores jurídicos, centros universitarios, organizaciones civiles y especialistas académicos directamente vinculados a la práctica forense.
Por su parte, la jueza Carmen Marisela Castro Gilly, presidenta de la Sala de Casación Penal, destacó el valor del intercambio de conocimientos para evaluar con rigor los desafíos metodológicos y prácticos que enfrenta el área penal. Asimismo, destacó que los esfuerzos del Poder Judicial deben apuntar siempre a la salvaguarda de los derechos humanos, la paz social y las garantías de acceso efectivo a los órganos de justicia.
Representación institucional
El acto estuvo acompañado por altas autoridades judiciales, entre ellas la vicepresidenta de la Sala Constitucional, magistrada Lourdes Suárez Anderson; la jueza Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, integrante de la Sala de Casación Penal; la directora ejecutiva del Poder Judicial, Jenifer Fuentes; y la inspectora general de Tribunales, Carolina Rodrígues.
La delegación técnica también contó con el apoyo de los presidentes de los circuitos judiciales penales de Caracas, Miranda y La Guaira, John Parody, Franz Ceballos y Dayanhara González Seijo, respectivamente, quienes coordinaron los debates de los operadores de la región central.
