La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la pena de 18 años de prisión impuesta a Amcizar de Jesús Amaya Hernández, de nacionalidad colombiana, quien era dueño de una fábrica de armas de fuego artesanales en Carapita, Caracas.
Tal decisión está contenida en la sentencia número 174 publicada por la Sala Penal el 23 de marzo. En esa sentencia se informa que Amaya fue detenido el 4 de diciembre de 2024 en inmediaciones de la Estación La Paz del Metro de Caracas, según acta firmada por agentes del Cicpc, adscritos a la División Contra el Terrorismo.
Al momento de su detención, los funcionarios incautaron un arma de fuego de fabricación artesanal, modelo Igram, calibre 9 mm, sin serial y dos cargadores. Les dijo a los agentes que pensaba comercializar esa arma, que había construido en su taller de Carapita donde reside.
Con esa información, funcionarios del Cicpc se trasladaron al lugar señalado por Amaya Hernández. Allí observaron una herrería ubicada en la parte alta de la casa, donde localizaron un arma de fuego similar a la incautada en la Estación La Paz, equipada con silenciador.
Entre los implementos encontrados e incautados en el taller se encontraban una máquina de soldar, un taladro de banco, 11 segmentos metálicos cilíndricos, 12 segmentos de láminas metálicas, 3 segmentos metálicos cuadrados, 3 segmentos de barras metálicas, una amoladora de banco, 2 escuadras metálicas, 2 limas de oxidación de metales, 2 rollos de alambre, 2 segmentos de varillas, un arco de sierra para metales, 4 hojas de sierra, una llave inglesa. mandril, 45 electrodos metálicos, 2 estuches con 27 piezas metálicas y 9 piezas metálicas.
En ese mismo procedimiento, agentes del Cicpc examinaron la cédula de identidad proporcionada por Amaya y determinaron que era falsa.
Tras ser detenido, Amaya fue imputado por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y municiones, fabricación ilícita de armas y uso de documento falso. Una vez concluida la investigación por parte del Ministerio Público, los fiscales Yaneth Espinoza Luna, Sebastián Miguel Mentado y Adela Del Carmen Hernández solicitaron la apertura de juicio contra Amaya, planteamiento que fue aprobado el 24 de abril de 2024 por el Juzgado 24 de Control de Caracas.
El juicio se inició el 20 de mayo y finalizó el 4 de octubre de 2024, día en que el Juzgado 21 de Primera Instancia de Caracas lo declaró culpable de los delitos imputados y le impuso una pena de 18 años y 6 meses de prisión. Esa sentencia fue apelada por el abogado Pastor Solórzano, defensor particular de Amaya Hernández. La respuesta a ese recurso fue anunciada el 25 de agosto de 2025 por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Caracas, que declaró improcedente el recurso, confirmando así la pena impuesta.
Ante este revés, Solórzano interpuso otro recurso de apelación para intentar revertir la sentencia impuesta a su defendido. Ese recurso (de casación) ingresó a la Sala Penal el 5 de noviembre de 2025. Una de las denuncias del abogado defensor de Amaya Hernández señala que la Corte de Apelaciones no presentó motivación para avalar la sentencia impuesta al sujeto.
«…la Corte de Apelaciones no realizó su propio análisis de la prueba para verificar si el análisis realizado por el juez de instancia fue correcto, como era su deber, sino que se limitó a señalar que comparte el criterio del tribunal de instancia, sin explicar las razones de hecho y de derecho que sustentan su decisión…», argumentó el abogado Solórzano.
La respuesta de los jueces.
A lo expuesto por el abogado de Amaya, los magistrados respondieron que el denunciante centró su demanda en supuestas violaciones a la ley cometidas por la Corte de Apelaciones, y ese tribunal no podía ser considerado responsable por la violación de esa norma, es decir, por haber supuestamente pasado por alto los hechos discutidos en el juicio contra Amaya.
Los magistrados resaltaron que los tribunales de apelaciones son tribunales de segunda instancia, encargados de monitorear si los tribunales de primera instancia aplicaron correctamente la ley al procesar a una persona durante un juicio. El Tribunal rechazó esta denuncia y dejó firme la sentencia contra Amaya.
