La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desestimó los recursos interpuestos por cinco vecinos, quienes buscaban revertir la pena de 18 años y 6 meses de prisión que se les impuso por el asesinato de un vecino. Tal decisión está contenida en la sentencia 253 emitida el 13 de abril con la firma de los tres magistrados que integran la Sala Penal: Maikel Moreno (portavoz), Carmen Marisela Castro y Elsa Gómez.
Los imputados son identificados como Deubles Ernesto Guevara Montoya, Sabrina Noely Tamayo Hernández, Danny Rafael Guevara Montoya, Carlos Alberto Rodríguez Cabrera y Ángel Eduardo Brito Corona, señala el fallo.
Estas personas son miembros del Consejo Comunal de Tierra de Gracia, que habita en el sector del mismo nombre ubicado en San Juan de los Morros (Guárico). El 21 de diciembre de 2021 se encontraban en el citado sector, donde ingresaron violentamente a una casa donde lavaba Rudy Roberto Morillo Rivas (57), a quien “golpearon con una palmada en la nuca, porque estaba robando… Lo llevaron bajo amenazas desde la residencia a la Zona Agrícola de la Penitenciaría General de Venezuela, en una zona boscosa, en un desnivel de más de 5 metros, con un arma blanca; le causaron heridas en la región del tórax, provocándole muerte…'' Morillo Rivas padecía discapacidad motriz.
Un testigo del hecho también fue sometido por los cinco vecinos y lo amenazaron de muerte si los denunciaba. El cuerpo del presunto ladrón asesinado fue localizado el 25 de diciembre de ese año.
Siete meses después de ese asesinato, el Ministerio Público, representado por los fiscales Willian Argenis Contreras Márquez y Belkis Yajaira Peña Carrero, solicitó abrir juicio contra los cinco integrantes del Consejo Comunal de Tierra de Gracia por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado cometido con alevosía en grado de complicidad y concierto para delinquir.
El juicio. Tal solicitud fue aprobada y el juicio se inició el 19 de octubre de 2022 ante el Juzgado de Primera Instancia 2 de Guárico, ampliación San Juan de los Morros, y concluyó el 2 de octubre de 2023, día en que los sujetos fueron declarados culpables de los delitos imputados, imponiéndoles una pena de 18 años y 6 meses de prisión.
Esta sentencia fue ratificada el 30 de abril de 2025 por la Corte de Apelaciones de Guárico, establecida accidentalmente, debido a que un miembro de ese organismo decidió inhibirse. Ante este revés, los defensores públicos Rubianna Sánchez Ferrer, Carmen Scott y Dubileis Apodaca, así como el abogado privado David Ricardo Carrizalez Gualta, interpusieron recursos ante la Sala Penal del TSJ donde denunciaron presuntos defectos cometidos en el procesamiento de los cinco vecinos.
En estos recursos denunciaron que se violaron los derechos constitucionales de los cinco vecinos agrupados en el artículo 49, relacionados con el debido proceso, entre otros.
Los magistrados examinaron las denuncias y concluyeron que estaban llenas de contradicciones y carecían de “razonamiento debidamente fundamentado”, por lo que las declararon desestimadas, dejando en consecuencia ilesa la condena impuesta a los Guevara, Tamayo, Rodríguez y Brito. Los magistrados aclararon que los abogados no precisaron “de qué manera se habrían presuntamente vulnerado dichas normas (debido proceso)”.
La receta del matrimonio
Los jueces de la Sala Penal reiteraron que cuando una decisión es impugnada mediante recurso de apelación, ésta debe contener: a) una indicación de las disposiciones que se consideran vulneradas (lo que implica, además de mencionar y citar el texto de la disposición normativa, el análisis de su contenido); b) los motivos por los cuales se impugna la decisión, es decir, explicar por qué se afirma que se violaron dichas normas (lo que requiere un relato de los antecedentes del caso, lo declarado por el tribunal o las declaraciones que no fueron contestadas, la transcripción e interpretación de la sentencia o textos judiciales en que se fundamenta, así como las partes que tienen relación con la demanda).
