Minuto30.com .- El Ministerio de Salud recibió un fuerte revés judicial este miércoles 11 de marzo. El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión inmediata del polémico Decreto 182 de 2026, norma que buscaba redistribuir a millones de afiliados en todo el país, limitando su capacidad de elección y concentrándolos en entidades intervenidas.
La medida cautelar urgente, dictada por el juez Daniel Montero Betancur, responde a una acción popular que alertó sobre un posible colapso en la prestación del servicio y la vulneración del derecho a la salud de más de 6,6 millones de colombianos.
El riesgo de “monopolización” en las Nuevas EPS
La Corte fue enfática en advertir que el decreto del Gobierno Nacional provocaría un traslado masivo sin precedentes. La principal preocupación radica en la Nueva EPS, que recibiría más de 3,1 millones de nuevos usuarios, dejándola como la única aseguradora autorizada en 502 municipios del país.
“La norma podría provocar traslados masivos, concentrando afiliados en la Nueva EPS, dejándola como única aseguradora en gran parte del territorio nacional”, advirtió el juez, señalando que esto reduciría drásticamente las posibilidades de los ciudadanos de elegir o cambiar de entidad.
Las cifras del traspaso que quedó suspendido
Según cálculos de la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios, el decreto buscaba trasladar a 6.606.371 afiliados de la siguiente manera: las nuevas EPS recibirían 3.198.875 pacientes; Savia Salud recibiría 289.262 pacientes y SOS recibiría 533.429 pacientes, entre otros.
La mayoría de estas transferencias se realizarían a EPS que actualmente se encuentran bajo intervención forzosa por parte de la Superintendencia de Salud, lo que para el Tribunal representa un riesgo inminente para la continuidad de los tratamientos y cirugías programadas.
