Una denuncia destapó el mecanismo fraudulento para evadir el pago de deudas y la Comisión Disciplinaria Judicial Seccional de Bogotá tomó cartas en el asunto. Con la denuncia del abuso a uno de sus clientes, el abogado Juan Carlos Mora destapó uno de los casos de uso fraudulento del concurso de acreedores. Lo que se concibió como un salvavidas para los deudores de buena fe en las crisis financieras se ha utilizado como un mecanismo para evadir el cumplimiento de obligaciones legítimas. El abogado penalista Iván Cancino también se sumó a las denuncias de estas presuntas redes dedicadas a evadir el pago de deudas y defraudar a acreedores. | Lea también: Desenmascaran red criminal por no pagar deudas y defraudar a acreedores: el cartel de la insolvencia La persistencia de la abogada Mora Muñoz arrojó un resultado sin precedentes. Las investigaciones realizadas derivaron en un fallo de la Comisión Disciplinaria Judicial Seccional de Bogotá, que sancionó a tres abogados por su participación en el llamado cartel de la insolvencia. La corporación, presidida por el juez Jorge Eliécer Gaitán Peña, es la autoridad encargada de investigar y sancionar disciplinariamente a abogados en ejercicio y funcionarios del Poder Judicial. La sanción recayó sobre los abogados Edwin Fabián Castro Barreiro, Manuel Antonio Pérez Maldonado y Fabiola Bohórquez, quienes quedaron excluidos del ejercicio de la profesión. | Puede leer aquí: Anatomía del fallo que destapó la trama del Cártel de la Insolvencia Según el fallo del tribunal disciplinario, presidido desde 2025 por el abogado sanandrés Richard Navarro May, quedó demostrado que los profesionales, valiéndose de sus conocimientos jurídicos, actuaron con “mala fe e imprudencia”, logrando defraudar al sistema judicial colombiano y perjudicando gravemente los derechos económicos de los verdaderos acreedores. Como consecuencia de ello, fueron inhabilitados para volver a ejercer la profesión. Implicaciones penales y certificación de copias La trascendencia de esta sentencia trasciende el ámbito disciplinario y se extiende al ámbito penal. La corporación judicial envió copias del expediente a distintas dependencias de la Fiscalía General de la Nación para realizar las investigaciones correspondientes: Investigación penal general: encaminada a establecer la eventual responsabilidad penal de los tres abogados sancionados por la conducta investigada. Justicia especializada: remisión de ejemplares a la Fiscalía 54 delegada a los Jueces Penales del Circuito Especializado contra bandas criminales, debido a la sofisticación y estructura con la que presuntamente operaba esta red. Investigación de testaferros o “capataces”: se ordenó una investigación penal contra terceros que actuaron como testaferros o “capataces”, permitiendo utilizar sus identidades para aparecer en créditos ficticios y participar en procesos ejecutivos con el fin de manipular quórums de votación en audiencias de insolvencia. Radiografía del fenómeno: el auge de los «cárteles de la insolvencia» Este caso no representa un hecho aislado, sino más bien la confirmación de una modalidad que ha mostrado un crecimiento sostenido desde el segundo semestre de 2020. Bajo falsas promesas de asesoramiento jurídico, los llamados «cárteles de la insolvencia» han convencido a múltiples deudores de que este mecanismo constituye una forma viable de extinguir deudas sin pagarlas o de refinanciarlas a plazos excesivamente largos y sin intereses. El modus operandi de estos grupos implica una compleja red de complicidades. Abogados sin escrúpulos distorsionan el espíritu protector de la Ley Concursal y utilizan algunos centros de conciliación de reciente creación para facilitar este tipo de fraudes. Allí, al crear deudores y créditos ficticios, diluyen artificialmente la participación del acreedor real y obtienen las mayorías necesarias para imponer acuerdos de pago que terminan convirtiéndose en un completo despojo financiero. Sin embargo, la dinámica del mercado está cambiando. Durante este año, tanto los acreedores legítimos como sus equipos legales han aprendido a identificar los patrones de actuación de estas organizaciones. Los casos de insolvencia se han multiplicado: hace diez años se denunciaron 400; En 2025 la cifra ascendió a unos 19.000 y este año se prevé que supere los 30.000. Ante este panorama, el sector bancario decidió fortalecer sus mecanismos de prevención. Las instituciones financieras han estado fortaleciendo sus medidas de detección para identificar posibles abusos del régimen concursal, que pueden afectar sus procesos de evaluación del riesgo crediticio y vinculación a ciertos servicios financieros. Guía práctica: ¿Cómo identificar si puedes ser víctima de un cártel de insolvencia? Para entidades del sector solidario, como fondos de empleados, o para personas naturales que han otorgado un préstamo de buena fe y son citadas a un proceso concursal en centros de conciliación sin experiencia, es fundamental realizar una debida diligencia basada en las siguientes señales de alerta: Perfil e historial de los presuntos coacreedores: es recomendable verificar quiénes dicen ser los demás acreedores en el proceso. En investigaciones anteriores se ha detectado que algunas de estas tramas incluyen como presuntos prestamistas a personas privadas de su libertad o a ciudadanos sin capacidad financiera para soportar los montos reclamados. Soportes de deuda sospechosa: la existencia de obligaciones respaldadas únicamente por simples letras de cambio, firmadas por montos de cientos de millones de pesos a favor de personas que, al mismo tiempo, registran pequeñas deudas (como saldos mínimos de tarjetas de crédito o honorarios de administración de propiedad horizontal), constituye un indicio de inflación artificial de los pasivos. Abogados recurrentes: estos esquemas generalmente son operados por un pequeño grupo de profesionales. Si al revisar el expediente se evidencia que los abogados de los demás acreedores aparecen reiteradamente en otros procesos concursales de la región, podría tratarse de una red organizada. Acuerdos sospechosamente rápidos: un procedimiento que avanza a una velocidad inusual y concluye con un acuerdo aprobado gracias a mayorías compuestas por acreedores cuestionables es otra señal de alerta. Historia del centro de conciliación: se ha identificado un patrón de uso de los centros de conciliación con menos de cuatro o cinco años de funcionamiento, lo que se atribuye a la proliferación de estas oficinas. En cambio, quienes promueven estas prácticas suelen evitar instituciones con amplia experiencia, como los centros de conciliación de Fenalco o las cámaras de comercio, con filtros éticos y de control más rigurosos, que dificultan la instalación de este tipo de estafas. Este fallo, con las ejemplares sanciones impuestas a los abogados Edwin Fabián Castro Barreiro, Manuel Antonio Pérez Maldonado y Fabiola Bohórquez, no sólo constituyó un precedente, sino que también encendió alarmas sobre las prácticas de abogados sin escrúpulos. Además, envió un mensaje claro a quienes pretenden persistir en estas conductas: corren el riesgo de perder la tarjeta para su ejercicio profesional y exponerse a consecuencias penales. Navegación de publicaciones
