Cuatro secretarios fueron suspendidos sin considerar que los hechos no ocurrieron en la actual administración. ¿Estará al tanto el abogado Gregorio Eljach? La Procuraduría General de la República suspendió por tres meses a cuatro funcionarios de la Alcaldía de Cali por presunto incumplimiento de una sentencia de tutela relacionada con el reasentamiento de la comunidad étnica de Playa Renaciente; La tutela fue interpuesta en período distinto a esta administración. El Secretario de Gestión de Riesgos, Breayner Ricardo Peñuela Munevar; la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat, María del Mar Mozo Muriel; el subsecretario de Gestión de Desastres, Nicolás Suárez Vallejo; y el director del Departamento Administrativo de Planeación, Diego Andrés Giraldo Arboleda son los funcionarios que saludan la medida. Para la Procuraduría General de la República, habrían omitido acciones para dar cumplimiento a la orden judicial que buscaba proteger la vida e integridad de la comunidad asentada en zona de riesgo. Señaló que la permanencia de los funcionarios en sus cargos podría afectar la continuidad de las conductas investigadas, por lo que ordenó la suspensión provisional hasta por tres meses, mientras se lleva a cabo el proceso disciplinario. La suspensión temporal de los cuatro integrantes abre una pregunta incómoda para la ciudad: ¿qué está pasando con los procesos de control disciplinario en Cali? Se trata de un episodio que rápidamente fue amplificado en las redes sociales como un supuesto escándalo de corrupción -nada que ver con la decisión de la Procuraduría General de la República-, que se convierte en una oportunidad para aprovechar el crecimiento de información falsa sistemática que se realiza contra el gobierno local, aún cuando el proceso apenas ha iniciado y no hay decisiones de fondo. Pero no es un caso aislado. Todo parece estar enmarcado en lo que podría interpretarse como una estrategia política que busca generar inestabilidad institucional. A esto se suma la constante circulación de información inexacta –o abiertamente falsa– en las redes sociales, que amplifica la percepción de crisis, genera falsos escándalos y erosiona la confianza ciudadana, propósito evidente en los constantes mensajes en medios digitales que en muchos casos no identifican a los responsables de crear estos contenidos. A este panorama se suma lo ocurrido el año pasado con el director de la Uaesp, Diego Hau, quien fue suspendido por 52 días, separado de sus funciones en un momento clave para la ciudad: el fin de año, la definición presupuestaria y la realización de la Feria de Cali. La medida, inicialmente por tres meses, fue anulada el 4 de febrero de 2026 por la Procuraduría General de la República, que concluyó que no existían riesgos para las finanzas públicas ni afectaciones a los recursos. Es decir, después de casi dos meses, la máxima autoridad disciplinaria del país determinó que no había mérito suficiente para mantener la sanción. Hau lidera la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, organismo estratégico encargado de garantizar la recolección de residuos, el alumbrado público y la calidad del agua. Otros casos fueron el de Gustavo Orozco, entonces secretario de Movilidad, quien fue suspendido provisionalmente el 30 de octubre de 2025 por la Defensoría del Pueblo, en medio de cuestionamientos sobre actuaciones durante una incapacidad médica. La medida fue revocada 21 días después. Felipe Montoya, hoy vicepresidente de Metrocali, también fue suspendido cuando se desempeñaba como secretario de Deportes, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la ciclovía 2024. Aunque continúa en el cargo, su situación jurídica sigue abierta. A estos casos se suma el de Roger Mina, gerente de Emcali, suspendido provisionalmente por la Procuraduría General de la República; Ahora se encuentra nuevamente en su cargo, junto a José David Insuasti, en el marco de un proceso para la contratación del sistema de alumbrado público. El resultado es contundente y deja serias dudas: Cali acumuló cerca de 150 días de ausencia de altos funcionarios en puestos clave, días que se incrementarán con estas nuevas suspensiones. Una cifra de suspendidos que no tiene precedentes en el panorama de la gestión pública en Colombia y que no sólo refleja tiempos administrativos, sino impactos reales en la gestión local y, en consecuencia, en la vida de los ciudadanos. En este contexto, las decisiones de los órganos de control, necesarias en cualquier democracia, quedan bajo escrutinio. No por su existencia, sino por su consistencia, sus tiempos y sus efectos. Porque cuando las medidas provisionales terminan revocadas, cuando las investigaciones no logran demostrar los riesgos anunciados y cuando las suspensiones afectan repetidamente a los mismos niveles de gobierno local, surge una pregunta legítima: ¿Se está protegiendo el interés público o se está afectando la capacidad de gobernar? ¿Se trata de actuaciones rigurosas o de decisiones apresuradas? ¿Hay coincidencias o hay una estrategia? ¿Hay una o más manos invisibles interesadas en desestabilizar la gestión del equipo de gabinete? Un funcionario que pidió no ser identificado sostiene que se trata de “una caza de brujas” que busca negar cualquier acción positiva por parte del gobierno de Eder. Las respuestas aún no están claras. Pero, mientras tanto, la administración de Cali enfrenta un escenario complejo: gobernar en medio de la intermitencia de su propio gabinete. Y la pregunta sigue en el aire, con cada vez más fuerza: ¿quién –o qué intereses– va por el gabinete de Eder? 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