Luego de la rumba privada en la que cantó el vallenatero, las autoridades ingresaron a las celdas y hasta encontraron ollas para freír y barriles para asar. La rutina en el penal La Paz de Itagüí se rompió cuando el escándalo de una fiesta privada, protagonizada por el cantante vallenato Nelson Velásquez, obligó a intervenir a las autoridades. Lo que comenzó como una denuncia por un concierto dentro del penal terminó revelando un sistema de privilegios que durante meses había operado sin mayores controles. Luego de la presentación del artista, por la que se habrían pagado cerca de 100 millones de pesos, se ordenó una inspección urgente en los pabellones penitenciarios. Durante tres días, unidades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario realizaron minuciosos registros que revelaron condiciones alejadas de cualquier estándar penitenciario. | Lea también: Así es la celda de Epa Colombia en Bogotá, un lujo muy alejado del de 'El Buen Pastor' En los pabellones 1 y 2 no solo encontraron equipos de comunicación prohibidos, sino también una infraestructura que permitía a algunos internos mantener una vida cómoda. Entre los elementos incautados se encuentran tres celulares, un módem wifi, accesorios tecnológicos, una computadora portátil, una tablet y una consola de videojuegos con seis controles. La presencia de estos dispositivos confirmó la capacidad de comunicación constante con el mundo exterior. El inventario de objetos encontrados fue más allá. Las autoridades reportaron decenas de electrodomésticos: 62 refrigeradores, siete televisores, once cocinas eléctricas, múltiples ollas y freidoras eléctricas, un microondas, un horno tostador y hasta una lavadora. También había ventiladores, aires acondicionados, licuadoras y sandwicheras. A esto se sumaron muebles como sofás, cabeceros de cama y otros elementos que transformaron las celdas en espacios dotados de comodidades inusuales en un centro de detención. Los hallazgos reforzaron quejas anteriores sobre un sistema de beneficios dentro de la prisión. Según versiones recabadas por las autoridades, reclusos con alto poder económico, derivado de actividades ilícitas, estarían pagando sumas de hasta 70 millones de pesos para acceder a estas condiciones. Esta capacidad de pago habría permitido consolidar un esquema en el que algunos pabellones operaban bajo reglas diferentes. El partido que desencadenó la intervención demostró hasta qué punto habían aumentado esos privilegios. Además del concierto, el evento habría contado con servicio de camareros, catering completo e incluso la entrada de mujeres. El costo total de la celebración se estima en alrededor de 500 millones de pesos, financiados por varios líderes de estructuras criminales del Valle de Aburrá a través de aportes conjuntos. La operación también tuvo consecuencias administrativas. Once funcionarios fueron removidos de sus cargos mientras continúan las investigaciones internas para establecer responsabilidades. La dirección regional asumió el control del establecimiento con el apoyo de unidades especiales trasladadas desde Bogotá, en un intento por recuperar la disciplina al interior del penal. Lo ocurrido en Itagüí expuso una realidad que las denuncias ya venían señalando: la coexistencia de dos sistemas dentro de un mismo penal. Uno regido por normativa oficial y otro sostenido por el dinero y las redes de poder de algunos reclusos. La intervención expuso esa brecha y abrió un nuevo capítulo en el control de las prisiones del país. Navegación de publicaciones
octubre 16, 2026
