El artista declaró que su papel era estrictamente musical. La Fiscalía investiga y el Inpec ya separó a 11 funcionarios para el concierto Luego de que se realizara un evento musical al interior del penal de máxima seguridad de Itagüí, en el que participó el cantante de vallenato Nelson Velásquez, las autoridades colombianas mantienen abiertas varias líneas de investigación. El foco está en la legalidad del hecho y el origen de los recursos utilizados, aspectos que hoy son objeto de investigación penal y disciplinaria. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar para determinar si existe posible conducta delictiva, incluido enriquecimiento ilícito, dado que uno de los puntos clave es el pago de cerca de 100 millones de pesos que habría recibido el artista, cifra que ahora está sujeta a verificación por parte de las autoridades. En paralelo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) abrió un proceso interno que ya dejó a once funcionarios separados de sus cargos, entre ellos personal directivo del establecimiento. La Fiscalía General también asumió el control preferencial para avanzar en las investigaciones disciplinarias. La versión de Nelson Velásquez y lo que buscan las autoridades Ante la polémica, Nelson Velásquez emitió un comunicado en el que sostuvo que sus acciones se dieron en condiciones que consideró legales. El cantante afirmó que actuó confiando en la buena fe y en la información que recibió sobre el evento, que, según explicó, se presentó como una actividad cultural autorizada. En su declaración también aclaró que su participación fue estrictamente artística. “Mi rol se limitó exclusivamente a la ejecución de una presentación musical”, indicó, descartando cualquier intervención en la organización, logística o gestión de los permisos necesarios para el ingreso al penal. El artista reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Su defensa se basa en no haber tenido conocimiento de posibles irregularidades, ni del origen de los recursos con los que se habría financiado el evento. Desde el ámbito jurídico, algunos expertos han señalado que no existirían elementos suficientes para vincular penalmente al cantante, al considerar que su actividad se limitaba al cumplimiento de un contrato artístico. En esta línea, las responsabilidades podrían recaer en funcionarios o terceros que autorizaron y coordinaron la actividad dentro del centro penitenciario. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan establecer quién permitió que se realizara el hecho, cómo ingresaron los participantes y cuál fue el origen del dinero. El caso aún está en curso y será la Fiscalía la que determinará si hay lugar a cargos o si el proceso se centra en otros responsables. Le puede interesar: Los lujos y excentricidades que encontraron en el penal de Itagüí donde fue la rumba privada con Nélson Velásquez Navegación de entradas
