El caso de Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años que solicitó acceso a asistencia médica que facilitara su suicidio luego de años de tratamientos fallidos para trastornos mentales graves, reabrió una discusión que Colombia viene construyendo desde hace décadas. Esta solicitud, denegada por falta de regulación, expone las fisuras entre el avance legal y su aplicación real en uno de los países más avanzados en muerte digna (incluido el proceso de eutanasia) de América Latina. La historia de la eutanasia y otras formas de muerte digna no comenzó hoy; ni siquiera hace poco más de 10 años con la primera eutanasia legal en el país. El origen de la muerte digna en Colombia: Beatriz Kopp de Gómez y el nacimiento del DMD En 1979, mucho antes de sentencias, resoluciones o cifras, una experiencia personal desencadenó lo que terminaría convirtiéndose en un movimiento. Beatriz Kopp de Gómez, filántropa colombiana, decidió actuar luego de presenciar el sufrimiento prolongado de un joven familiar con cáncer. Lo que vio no fue sólo una enfermedad, sino una vida extendida en condiciones que ella consideraba indignas. Inspirada por organizaciones como Concern for Dying en Estados Unidos, reunió a médicos, abogados y voluntarios para fundar, el 1 de agosto de 1979, la Fundación de Solidaridad Humanitaria. Cuatro años después, en 1983, la organización adoptó el nombre de Fundación Pro Derecho a Morir Dignmente (DMD). Fue la primera organización en Sudamérica que abordó de manera estructurada el derecho de las personas a decidir sobre el final de la vida. Desde sus inicios, la fundación impulsó una herramienta que con el tiempo se convertiría en clave: el Documento de Testamento Anticipado (DVA). Esto permite a cualquier persona poner por escrito sus decisiones sobre tratamientos médicos, su rechazo a procedimientos invasivos y su negativa a someterse a condiciones en las que no quiere prolongar su vida, aunque no pueda expresarlo en el futuro. Durante años, la labor de Beatriz Kopp fue silenciosa pero constante: charlas, consejos, formación médica. El objetivo era cambiar la forma en que los colombianos entendían la muerte, sacándola del tabú y colocándola en el ámbito de los derechos. La ruptura por la Constitución del 91 Ese camino no fue fácil de recorrer en un país históricamente marcado por la tradición católica. Durante décadas, la Iglesia católica ha sido uno de los principales opositores a la eutanasia, calificándola de violación del derecho a la vida. En un país donde, según datos recientes, entre el 57% y el 78,6% de la población todavía se identifica como católica, la discusión sobre una muerte digna se convirtió en una batalla entre convicciones religiosas y principios constitucionales. Ese pulso comenzó a ladearse con la entrada en vigor de la Constitución de 1991 que, al establecer la dignidad humana como eje del Estado (artículo 1) y prohibir los tratos crueles o degradantes (artículo 12), sentó las bases para que la Corte Constitucional comenzara a pronunciarse sobre estas materias. El primer gran hito se produjo con la Sentencia C-239 de 1997, que despenalizó la eutanasia en condiciones específicas. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 18 años para que este derecho tuviera una regulación clara. Este vacío fue resuelto con la Sentencia T-970 de 2014 de la Corte Constitucional, que exigió que el derecho a morir dignamente tenga garantías. Por su parte, la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud (la norma técnica que estableció los protocolos y comités para hacer efectivo el derecho a la eutanasia en las EPS) fue la que permitió que esta práctica pasara de los detalles técnicos formulados en los libros a su aplicación efectiva en una habitación hospitalaria. Ese mismo año, el país registró el primer caso legal: Ovidio González, recordado por ser el padre del caricaturista Matador y por el cáncer de boca que desfiguró su rostro y la ilusión de una vida digna, pudo ejercer su derecho a una muerte digna, pese a que, en un principio, el procedimiento fue suspendido a última hora. La cancelación se produjo minutos antes, pese a que ya todo estaba preparado, debido a que la junta médico legal no había emitido una autorización formal y algunos médicos consideraron que no cumplía con los criterios requeridos, además de expresar temores legales sobre el procedimiento. Finalmente, la intervención de la Fundación DMD fue clave para que la decisión de don Ovidio fuera respetada. Con este paso, Colombia no sólo saldó una deuda jurídica de casi dos décadas, sino que también se colocó en la primera línea mundial de muerte digna, junto a países como Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Países Bajos, España, Nueva Zelanda, Portugal, Ecuador y Uruguay, consolidándose como pionero y referente en América Latina. Un crecimiento sostenido de la muerte digna en Colombia A partir de ese momento las cifras comenzaron a crecer. En la última década, Colombia registró 1.044 eutanasias legales hasta septiembre de 2025. Sólo en 2024 se realizaron 352 procedimientos, la cifra más alta desde su regulación. Hoy en día, en promedio, se practica una eutanasia cada 25 horas, lo que refleja tanto el creciente conocimiento de la ley como su progresiva aceptación social. El marco jurídico también siguió evolucionando. En 2021, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-233, eliminó el requisito de enfermedad terminal. Desde entonces, basta que el paciente sufra un intenso sufrimiento derivado de una enfermedad grave e incurable. Un año después, en 2022, la Sentencia C-164 despenalizó el suicidio médicamente asistido. La diferencia es fundamental: en la eutanasia el médico administra el fármaco, mientras que en el suicidio asistido es el propio paciente quien realiza el acto final, con acompañamiento médico. A pesar de estos avances, la regulación no ha sido completa. Si bien la eutanasia cuenta con protocolos claros (actualizados, entre otras normas, por la Resolución 971 de 2021), el suicidio asistido sigue sin regulaciones específicas, lo que deja a pacientes como Catalina Giraldo en un limbo legal. Esta brecha muestra una constante en esta historia: los avances han venido principalmente del Tribunal Constitucional, mientras que el Congreso ha fracasado en su tarea de legislar exhaustivamente el tema. Un debate sobre la eutanasia que permanece abierto En medio de este escenario, la Fundación DMD ha mantenido su papel. Hoy, bajo la dirección ejecutiva de la psicóloga Laura Pombo Rivera, continúa asesorando a pacientes, promoviendo la DVA y capacitando a profesionales de la salud. Cada año, cientos de personas acuden a su oficina ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, en busca de orientación. Su trabajo, sin embargo, va más allá de lo técnico. Durante más de cuatro décadas, la fundación ha sido un actor clave en la transformación de una discusión moral en un debate sobre derechos, enfrentando resistencias culturales, religiosas y políticas. El caso de Catalina Giraldo es, en ese sentido, una extensión de esa historia. Su lucha no sólo busca hacer cumplir una decisión individual, sino que podría contribuir a la regulación del suicidio médicamente asistido en Colombia, como ocurrió en su momento con la eutanasia. Lo que comenzó en 1979 como una respuesta al sufrimiento de una persona cercana a Beatriz Kopp de Gómez, hoy se ha convertido en un sistema legal que acumula más de mil procedimientos y continúa evolucionando. Entre decisiones judiciales, vacíos regulatorios y debates éticos, la historia de una muerte digna en Colombia aún está en construcción. Le puede interesar: Una clínica privada se atrevió a ofrecer servicios de eutanasia en Colombia hace una década Navegación de entradas
