El Poder Judicial del país otorgó beneficios procesales a un grupo de 51 ciudadanos que permanecían privados de libertad por delitos contra las instituciones. Esta decisión se tomó luego de un pedido formal del Ministerio Público, enmarcado en el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz impulsado por el gobierno nacional.
A través de un comunicado, el Gobierno Bolivariano informó que la medida favorece a personas procesadas o condenadas por su participación en diversos atentados contra la estabilidad y el desarrollo de la República.
El pasado jueves 16 de abril los juzgados competentes recibieron los requerimientos fiscales y procedieron a ejecutar las boletas de liberación de manera inmediata.
Esta acción legal busca fortalecer el tejido social y generar condiciones óptimas para el reencuentro entre todos los sectores de la nación.
Autoridades estatales resaltaron que el otorgamiento de estas alternativas legales es fundamental para preservar la soberanía y consolidar la armonía en el territorio venezolano.
El Ejecutivo nacional confirmó que continuará evaluando casos similares bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
Con esta política de pacificación, el Estado reafirma su voluntad de sanar las tensiones políticas mediante el uso de herramientas constitucionales que favorezcan la paz ciudadana.
