El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó duramente la carta firmada por más de 30 congresistas de partidos como Pacto Histórico, Comunes, Mais y Alianza Verde, en la que solicitan la libertad de 11 jóvenes capturados y acusados de participar en actos de vandalismo en Bogotá, relacionados con disturbios y ataques durante movilizaciones.
Según el presidente, los firmantes desconocen la magnitud y rigor del proceso judicial seguido contra los involucrados.
Galán recordó que se trata de una investigación de más de dos años, desarrollada de manera técnica y metódica, que ya ha sido evaluada por dos jueces de la República, quienes avalaron tanto las capturas como la medida de seguridad en el penal, debido a la solidez del material probatorio.
El alcalde fue enfático en señalar que los hechos atribuidos a los integrantes de la estructura conocida como PPP (Brigada Clandestina para el pueblo y por el pueblo) no corresponden a manifestaciones legítimas.
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«Esto no es protesta ni expresión social; es violencia, terrorismo y conspiración para delinquir»afirmó, insistiendo en que en Bogotá no se permitirá la impunidad contra quienes pongan en riesgo la vida de los ciudadanos y afecten el sistema de transporte público.
Según la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la República, el expediente incluye más de 4.000 horas de análisis de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, entrevistas a testigos, agentes encubiertos y 13 allanamientos en diferentes localidades. Las autoridades aseguran que estas evidencias permitieron identificar roles, jerarquías y el modo de funcionamiento del grupo.
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La investigación señala que los imputados se infiltraron en universidades públicas, donde fabricaban artefactos explosivos artesanales como bombas de papa y bombas molotov, utilizados luego en ataques contra estaciones de TransMilenio, autobuses del SITP y miembros de la Fuerza Pública.
Entre los capturados se encuentra un presunto cabecilla, conocido como alias ‘Salvatore’, vinculado a múltiples hechos violentos entre 2024 y 2025.
Durante los operativos, las autoridades incautaron material explosivo, pólvora, dispositivos electrónicos y prendas de vestir utilizadas en los ataques. Los detenidos fueron acusados de delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio intencionado agravado y perturbación del transporte público.
En contraste, los congresistas firmantes sostienen que los jóvenes son víctimas de criminalización de la protesta y solicitan afrontar el proceso en libertad.
Sin embargo, la Policía reiteró que el caso está sustentado en pruebas técnicas y judiciales y que seguirá actuando contra el vandalismo en Bogotá y los delitos de alto impacto que afectan la seguridad ciudadana.
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