La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deportes, realizó una Auditoría Financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Docentes (FOMAG) para el período 2025, en la que se detectaron diez hallazgos con un impacto tributario de $176.795 millones. También se determinaron doce (12) hallazgos con presunto impacto disciplinario y uno (1) con presunto impacto penal.
La acción destaca el no cierre de la cuenta, a la Caja de Beneficios Sociales Docentes, para el período 2025, como consecuencia de la subestimación del Pasivo por un monto de $598.363 millones, debido a la inadecuada reclasificación contable de las obligaciones sancionadoras por mora, que representan obligaciones claras, expresas y exigibles.
Los resultados de este ejercicio de auditoría resaltan que los mayores hallazgos correspondieron al pago indebido de servicios de atención médica e intereses embargados, a la Unión Temporal Medisalud (Región 4: Boyacá, Casanare y Meta) y a la UT Redvital (Región 8: Antioquia y Chocó) por $133.255 millones, generando un perjuicio fiscal, considerando que dicho desembolso estaba bajo responsabilidad de los operadores y operadoras salientes. ingresantes (Redvital UT), de acuerdo con las cláusulas de los contratos de atención médica.
Por otro lado, se atendió una denuncia interpuesta por la Gerencia Jurídica de Fiduprevisora, para la cual se seleccionó una muestra de 1.105 pagos, en los que se evidenciaron desembolsos irregulares a docentes jubilados por el bono de mitad de año, sin cumplimiento de requisitos constitucionales y legales o, contra decisiones judiciales ejecutoriadas que previamente habían negado ese derecho, generando un perjuicio al fisco por $27.982 millones.
Asimismo, los resultados de esta acción arrojan una constatación de alto valor relacionada con la asignación indebida de recursos del Fondo al pago de la pena moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, por $5.479 millones, generando perjuicio fiscal, tomando en cuenta que los recursos del FOMAG son para una asignación específica, de conformidad con la Ley 1995 de 2019, artículo 57.
Otros hallazgos de alto valor se establecieron al determinar que con recursos del Fondo se pagaron extemporáneamente solicitudes de despidos parciales y/o definitivos y sentencias relacionadas con penalidades tardías y pensiones, por lo que se desembolsaron multas por incumplimiento por $2.531 millones, respectivamente, así como intereses moratorios por $6.738 millones por incumplimiento de los términos establecidos en los artículos 177 del CCA y 192 del CPACA.
Por otro lado, se detectaron pagos de asignaciones pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios por $419.181.784 y montos superiores pagados a docentes por concepto de pensión de invalidez y multa por mora, por $369.199.183.
Estas situaciones han sido constatadas reiteradamente por la Contraloría General durante sus ejercicios de control fiscal. Además, se ha determinado la supuesta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, como vocera y administradora de FOMAG, así como las entidades territoriales. En este sentido, se reitera el llamado a desarrollar mecanismos para solucionar las situaciones continuamente evidenciadas, hacer eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos y adoptar mecanismos para evitar que se sigan presentando pagos por estos conceptos que perjudican el patrimonio público de todos los colombianos.
