La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimó un recurso que buscaba anular la pena de 30 años de prisión impuesta al comerciante Abdool Kamaludeen Ally Suárez, por planificar el asesinato de Leomar José Gil Celis (37), quien se desempeñaba como gerente de Pdvsa Gas Comunal en el estado Guárico.
Este hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2019 en San Juan de los Morros (Guárico), específicamente en el callejón El Campito, donde residía Gil Celis. Ese día fue interceptado por el funcionario del Poliguárico César Andrés Martínez Rodríguez (“El Macizo”), quien le disparó cuatro veces y se dio a la fuga.
El directivo fue trasladado por su familia al hospital de la capital guariqueña y luego a una clínica donde falleció dos días después, el 4 de septiembre.
Las investigaciones del Cicpc demostraron que Abdool Kamaludeen contrató a Freddy Tiapa y José Manuel Papanicolau (“Cara e’ Caballo”) para ejecutar a Gil Celis, porque restringió la venta de gas a empresas privadas, porque aumentaban los precios de los cilindros. Abdool era dueño de una de esas empresas identificada como Morro Gas.
Para llevar a cabo el asesinato de Gil Celis, Tiapa y “Cara e’ Caballo” contratan a su vez al funcionario del Poliguárico apodado “El Macizo”. Al día siguiente del homicidio, el padre de Abdool Kamaludeen, identificado como Abdool Kamaludeen Ally Suárez (“El Guyanés”) realiza el pago de $600 por el hecho delictivo ya cometido. Ese sujeto también fue condenado a 30 años de prisión. Y posteriormente su hijo Abdool Kamaludeen fue imputado por sicariato y concierto para delinquir, delitos por los cuales fue declarado culpable y sentenciado, según sentencia del Juzgado 2 de Primera Instancia de Guárico, extensión San Juan de los Morros, emitida el 31 de octubre de 2023.
El 12 de marzo, la Sala Accidental 153 de la Corte de Apelaciones de Guárico confirmó la sentencia de 30 años impuesta a Abdool Kamaludeen. Por ello, la defensora pública Elsa Singh Barbosa apeló esta decisión mediante recurso de apelación que fue presentado ante el Tribunal Penal el 12 de septiembre. El funcionario público alega que el tribunal de primera instancia no debió valorar la declaración de la esposa del gerente asesinado así como la de otras personas porque eran “testigos de referencia” que no observaron el momento del asesinato.
Los magistrados recordaron al defensor público que la Sala Penal no puede evaluar (a estas alturas) lo ocurrido en el juicio; Por ello, desestimaron el recurso de apelación y dejaron intacta la condena de 30 años.
