El nuevo barco, que tardará 20 meses en construirse y capaz de alcanzar los 80 km/h, busca frenar pérdidas millonarias por bebidas alcohólicas y cigarrillos ilegales. En la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, la Armada Nacional y la Federación Nacional de Departamentos sellaron la alianza para construir en conjunto una lancha de alta velocidad que denominarán Apóstol 41, la cual tendrá una tarea específica: la lucha contra el contrabando. La embarcación, diseñada para operaciones de interdicción en ríos y mares, podrá superar los 40 nudos de velocidad, lo que equivale aproximadamente a 74 kilómetros por hora en el agua, capacidad que permitirá reaccionar rápidamente cuando las condiciones climáticas sean una condición para el éxito de una operación. | Le puede interesar: El exitoso negocio que consiguió amas de casa vender a través de un catálogo que ahora pertenece a Gilinski Esta embarcación tendrá capacidad para transportar a seis personas y tendrá unas dimensiones que respondan a las necesidades del territorio: medirá más de 12 metros de largo y 3 casi 4 metros de ancho y tendrá poco calado para poder navegar por zonas poco profundas, como ríos o esteros, por donde suelen moverse sin problema las redes de contrabando. La construcción de esta arma rápida estará a cargo de COTECMAR, entidad estatal que lleva más de dos décadas liderando el desarrollo de capacidades navales en el país, con sede en Cartagena, que ha construido y mantenido embarcaciones para la Armada y otras instituciones públicas y privadas, consolidándose como uno de los principales referentes de la industria naval en América Latina. El proyecto cuenta también con el apoyo de SAFE Boats International, empresa estadounidense especializada en embarcaciones de respuesta rápida, con experiencia en el suministro de equipos a fuerzas militares y agencias de seguridad en diferentes países. El objetivo central de esta nueva unidad es enfrentar en particular el contrabando de productos como licores, cigarrillos y combustibles, un fenómeno que va más allá de su dimensión ilegal, tiene un impacto directo en los recursos de los departamentos, que dependen en gran medida de estos impuestos para financiar programas sociales, infraestructura y servicios básicos. Las cifras muestran la magnitud del problema. En Colombia, el contrabando de cigarrillos representa alrededor del 30% del mercado, lo que se traduce en pérdidas anuales de cientos de miles de millones de pesos en impuestos no recaudados. En el caso de los licores, se estima que entre el 20% y el 25% de las bebidas alcohólicas que se venden en el país ingresan de manera ilegal, afectando directamente los ingresos departamentales. Estos recursos, que deberían financiar la sanidad, la educación y el deporte, acaban diluyéndose en circuitos ilegales que operan con alta movilidad y capacidad de adaptación. #AEstaHora nuestro presidente y @gobmeta, @rafaelacortesz, nuestro director ejecutivo @FNDCol, @DidierTaveraA, realizan en la Base Naval “ARC Bolívar” el acto protocolario para iniciar la construcción de la embarcación especializada tipo “Apóstol 41”. Este barco estará destinado… pic.twitter.com/DrY0G86HI1— FND – Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) 20 de febrero de 2026 En este contexto, el nuevo barco se presenta como una herramienta concreta para cerrar brechas en el control territorial. Su velocidad y maniobrabilidad permitirán detectar y perseguir embarcaciones sospechosas, interceptarlas y ejecutar operaciones de control en puntos donde hoy la presencia institucional es limitada. Pero su alcance no se limita a la lucha contra el contrabando. También está diseñado para apoyar misiones de búsqueda y rescate, una función clave en un país con extensas redes fluviales y zonas costeras donde los accidentes y emergencias requieren respuestas rápidas. El impacto esperado no es menor. Al mejorar la capacidad de vigilancia y control, la Armada busca reducir la circulación de mercancías ilegales y, con ello, fortalecer las finanzas de los departamentos. La protección de los ingresos territoriales es, en este caso, un objetivo estratégico, porque se traduce en mayores recursos para políticas públicas en regiones que enfrentan múltiples desafíos sociales y económicos. La inversión para este proyecto supera los 9 mil millones de pesos, cifra que refleja tanto la complejidad tecnológica del buque como la prioridad que se le ha dado a este tipo de operaciones. El tiempo estimado de construcción es de aproximadamente dos años, período en el cual se desarrollarán y ensamblarán los componentes necesarios para cumplir con los estándares operativos requeridos. El inicio de la construcción de esta unidad no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia más amplia que combina cooperación institucional, desarrollo tecnológico y presencia en el territorio para enfrentar economías ilegales que evolucionan rápidamente. En este caso, la coordinación entre la Armada y la Federación Nacional de Departamentos pone sobre la mesa una preocupación compartida: la necesidad de proteger los ingresos públicos y garantizar que los recursos lleguen a donde deben. En un país donde los ríos y las costas son, al mismo tiempo, vías de comunicación y escenarios de ilegalidad, contar con herramientas adecuadas hace la diferencia. Apóstol 41 es parte de este esfuerzo por responder de manera más efectiva a un problema que no es sólo de seguridad, sino también de sostenibilidad fiscal para las regiones. | Ver también: Navegación de publicaciones
