Mientras la inseguridad acorrala a los bogotanos, el contrato de cámaras firmado por Claudia López por el que se pagaron $7 mil millones tiene 3 años de retraso. El 29 de diciembre de 2023, dos días después de abandonar el Palacio Liévano y finalizar su alcaldía, Claudia López y el general (r) Oscar Gómez Heredia, entonces secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, adjudicaron el contrato SCJ – 1904 de 2023 al Consorcio LPR SCC – 2024 por un valor de $14.339 millones. El objeto de este contrato es el suministro e instalación de equipos y componentes para fortalecer la infraestructura de videovigilancia de Bogotá, que incluye 200 cámaras multisensor que mejorarían la seguridad en la ciudad a través de medios tecnológicos. Las cámaras LPR son únicas y se utilizan casi exclusivamente para el reconocimiento de matrículas porque funcionan muy bien de noche. Si bien el plazo para la entrega, instalación y puesta en marcha del 100% de las cámaras era de 6 meses (agosto 2024), a día de hoy sólo se han instalado 80. El consorcio Consorcio LPR SCC – 2024 está integrado por las empresas SKG Tecnología SAS, (representada legalmente por el señor Fredy Fernando Lopera Roa), Cross Zlin AS, (representada por el señor Mauricio Acero Montoya), e Inversiones Construcciones e Ingeniería CDJ Group SAS (representante legal Leidy Carolina Quintero). Tecnología de última generación Las cámaras multisensor son ampliamente utilizadas para controlar el tráfico en carreteras, peajes, aparcamientos y en general para vigilar la seguridad ciudadana. Estos dispositivos leen las placas de autos y motos de manera automática en cuestión de segundos, independientemente de si el vehículo está en movimiento, y están conectados al C4, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, al que también están conectados la Línea de Emergencias 123 de la ciudad y los demás organismos de emergencia de la ciudad como la Policía Metropolitana, el Cuerpo Oficial de Bomberos, el Ministerio de Movilidad y el IDIGER. Actualmente, desde el C4 se monitorean 13 mil cámaras para la vigilancia de Bogotá. Para la ejecución del contrato SCJ – 1904 de 2023, la Secretaría de Seguridad de Bogotá que hoy encabeza César Restrepo, desembolsó la suma de 7.000 millones, la mitad del valor total del contrato y hasta el momento solo se ha ejecutado el 68,5%. El cronograma de pagos estipulado por la entidad exigía realizar el primer pago cuando el consorcio entregara todas las cámaras, realizar el segundo pago cuando la mitad de ellas estuvieran instaladas y configuradas, y desembolsar el tercer pago cuando las 200 cámaras estuvieran en funcionamiento y conectadas al C4. El informe señala que, aunque las 200 cámaras no fueron instaladas en el plazo acordado, hubo un desembolso de $7.000 millones. Durante la ejecución del contrato se presentaron tres suspensiones y tres prórrogas, al parecer por una serie de fallas técnicas, mala planificación y trámites ante las entidades del Distrito, así como por las obras que se ejecutan en la ciudad, como la construcción de la carrera 68 y el viaducto de la primera línea del metro. Media seguridad Las cámaras se instalarían en 17 localidades de Bogotá, en zonas de alta accidentalidad y criminalidad, las cuales fueron priorizadas por el Ministerio de Seguridad. Se incluyeron las localidades de Usaquén, Kennedy, Suba, Engativá y Fontibón. Ante lo sucedido, la Secretaría de Seguridad Distrital ha manifestado que los mayores problemas habían surgido durante el proceso de planificación, pese a ello, se logró la instalación de 80 cámaras y esperan que todas ellas estén en funcionamiento a finales del próximo abril de 2026. El contrato identificado con el # 1904 de 2023, fue autorizado en los últimos meses del Gobierno de la ex alcaldesa Claudia López, cuando Oscar Gómez Heredia, ex comandante de la policía metropolitana de Bogotá y con él los funcionarios, Lenin Augusto Pardo Porras, Sandra Milena Santafé Patiño y Helga Milena Hernández Reyes quienes firmaron la iniciativa. El acta de inicio de contrato se firmó en febrero de 2024, cuando ya había iniciado la gestión del intendente Galán. Al parecer, la falla más grave en la instalación de las 200 cámaras estuvo en la estructuración de las conexiones eléctricas: la comercializadora de energía Enel-Codensa afirmó que ni la Secretaría de Seguridad de Bogotá ni el contratista habían entregado la documentación requerida para avanzar en los trámites de las conexiones eléctricas. Por todo esto, intervino la Fiscalía General de la República, en cabeza de Gregorio Eljach y se abrió una investigación disciplinaria contra varios funcionarios y exfuncionarios de la entidad involucrados en los hechos. El actual secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo; el exsecretario Óscar Gómez Heredia; Diana Carolina Zárate Pérez, Helga Milena Hernández Reyes, Ada Luz Sandoval Herazo, Iván Pinilla Herrera, Sandra Milena Santafé Patiño y Jairo Alonso Bohórquez están bajo escrutinio y deberán responder las preguntas del fiscal sobre las presuntas irregularidades cometidas. Navegación de publicaciones
