Un video revelado por el concejal Julián Espinosa mostró cómo comercializan bases de datos de pensionados, empresas y usuarios de telefonía. La escena ocurre a plena luz del día, en uno de los sectores tecnológicos más conocidos del norte de Bogotá. Una cámara oculta registra una conversación sencilla, casi rutinaria, pero lo que allí aparece revela un negocio que se mueve con inquietante facilidad: la venta ilegal de bases de datos con información privada de miles de colombianos. Nombres completos, números de celulares, correos electrónicos, direcciones y hasta perfiles específicos de usuarios circulan como mercancías en las tiendas Unilago, uno de los puntos más frecuentados de la ciudad para la compra de tecnología y servicios digitales.| Lea también: El 60% de los taxistas de Bogotá que fueron registrados por las autoridades tienen antecedentes penales. La denuncia fue hecha pública por el concejal de Alianza Verde, Julián Espinosa, durante un debate de control político sobre seguridad en el Concejo de Bogotá. El lobista presentó videos grabados con una cámara oculta en los que se puede escuchar cómo un comerciante ofrece diferentes paquetes de información personal, organizados según el tipo de ciudadano o empresa que busca el comprador. La grabación reveló un mercado que opera sin demasiadas barreras y que podría estar alimentando delitos como la extorsión, las estafas telefónicas y el fraude digital. En las imágenes, el vendedor explica que tiene bases de datos comerciales que contienen decenas de miles de registros. Como se escucha en el video, la información incluye números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, nombres de empresas y nombres de contactos. Una de esas bases tendría un valor cercano a los 100 mil pesos. También existen listas asociadas a usuarios de operadoras telefónicas y empresas de servicios públicos, además de registros masivos de ciudadanos naturales que superarían el millón de contactos. Sin embargo, el material revelado por Espinosa demuestra que existe una base de datos especialmente deseable: la de los pensionados. En la conversación grabada, el comerciante asegura que tiene una lista nacional con cerca de 18.800 registros de jubilados de la tercera edad y la ofrece por 200 mil pesos, el doble del valor de otras bases. La razón, como sugiere, es simple: son personas más vulnerables a estafas telefónicas y estafas construidas a partir de información personal. Lea también: Cómo van a enfrentar Galán y el comandante de la Policía de Bogotá la explosión de caminatas millonarias en Bogotá Ese punto encendió las alarmas. Autoridades y expertos en seguridad llevan años advirtiendo que las estafas más efectivas no son las más sofisticadas tecnológicamente, sino aquellas que utilizan datos reales para generar confianza. Cuando un delincuente conoce el nombre completo de la víctima, su dirección, la entidad donde recibe su pensión o la compañía telefónica que utiliza, la llamada parece legítima. Así comienzan muchos fraudes bancarios, ofertas de crédito falsas, suplantaciones de identidad y casos de extorsión. La denuncia cobra aún más relevancia al revisar las cifras de seguridad presentadas durante el debate. Según los datos presentados por Espinosa, en lo que va de 2026 Bogotá ha registrado 441 casos de extorsión. De ellos, 214 fueron cometidos a través de llamadas telefónicas y otros 96 a través de redes sociales. Ambas modalidades concentran el 71% de los casos reportados en la ciudad. Para el concejal, esta tendencia demuestra que las organizaciones criminales necesitan acceder previamente a información personal para contactar con precisión a sus víctimas. La facilidad con la que se comercializan estos datos plantea una pregunta incómoda sobre el origen de la información. La grabación menciona bases asociadas a compañías telefónicas, servicios públicos y registros mercantiles. Si bien no hay claridad sobre cómo se obtuvieron los datos, el caso volvió a poner sobre la mesa la fragilidad de la privacidad digital en Colombia y la escasa capacidad de control contra el tráfico ilegal de información. El negocio funciona porque hay demanda. En el video, el vendedor asegura que muchos compradores adquieren bases de forma permanente porque obtienen ganancias con esos registros. Algunos los utilizan para campañas comerciales y de ventas agresivas; otros, según las sospechas expresadas en el debate, podrían utilizarlos para actividades delictivas. Lo grave es que detrás de cada archivo vendido hay miles de personas cuyos datos acaban circulando sin autorización y sin protección alguna. La denuncia de Julián Espinosa convirtió un problema silencioso en una discusión pública. Lo que aparece en estas grabaciones no es sólo la venta clandestina de archivos digitales. Es evidencia de una economía ilegal que se alimenta de información privada de los ciudadanos y que puede convertirse en la puerta de entrada a las extorsiones, robos y engaños que cada día afectan a más colombianos. Navegación de publicaciones
