El proyecto de 3,4 kilómetros permanece paralizado porque la Anla, que encabeza Irene Vélez, aún no da la licencia ambiental para poder reactivar la obra. La Troncal de los Andes aparece una y otra vez en las conversaciones sobre movilidad en la Sabana de Bogotá. Se trata de una vía corta, de apenas 3,4 kilómetros, diseñada para conectar Chía con la Carretera del Norte y aliviar los embotellamientos que afectan desde hace años a quienes se desplazan entre el municipio y la capital. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto clave para descongestionar la región terminó detenido durante casi una década debido a la presencia de un ecosistema surgido en medio de la carretera. A finales de noviembre de 2025, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizó una audiencia pública que duró nueve horas. Participaron funcionarios, delegados de Acceso Norte Bogotá SAS, organismos de control y cientos de vecinos de la zona. El objetivo fue recopilar información y opiniones para evaluar la posible modificación de la licencia ambiental que permitiera retomar los trabajos. Ese material será parte de la revisión que definirá si el tronco puede avanzar o si necesita un nuevo diseño para evitar la zona en disputa. La vía tiene una larga trayectoria que se remonta al año 2016, cuando el Gobierno Nacional adjudicó la ampliación de los accesos norte de Bogotá a Promesa Sociedad Futura Acceso Norte de Bogotá, un consorcio de varias constructoras nacionales, que en su momento asumió compromisos como la ampliación de la Carretera del Norte, la construcción de la doble calzada por la Carrera 7 y el levantamiento de la Troncal de los Andes. El proyecto completo, valorado en más de cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos, prometía mejorar la movilidad entre Bogotá y buena parte de la Sabana Central. La construcción de la troncal se inició en 2019 bajo la dirección de la Agencia Nacional de Infraestructura. La obra se presentó como la solución más directa a los congestionamientos vehiculares en Chía, especialmente por el paso constante de vehículos de carga. El trazado proyectado incluía una doble calzada, un separador central y dos puentes sobre el río Bogotá para conectar municipios como Sopó, Zipaquirá, Tocancipá, Tenjo, Cota y Cajicá. Los primeros meses transcurrieron según lo previsto. Se construyeron más de la mitad de las secciones planificadas y se erigieron puentes iniciales y estructuras de intersección. Pero en 2020, cuando la vía mostraba un avance del 54%, las obras se detuvieron. En reuniones entre la ANI, el Gobierno de Cundinamarca y la Alcaldía de Chía, se confirmó que en más de dos kilómetros del recorrido existía un cuerpo de agua que presentaba características de humedal. Para continuar, fue necesario realizar estudios adicionales y evaluar si se debía desviar el camino o si era posible intervenir en la zona sin afectar el ecosistema. Las entidades involucradas han sostenido discusiones técnicas y ambientales sin una solución definitiva. La CAR de Cundinamarca realizó un estudio en 2021 y concluyó que el ecosistema no podía catalogarse como humedal, pero que aún así debía contar con medidas especiales de protección. La ANLA, por su parte, ordenó a la concesionaria en 2023 modificar la licencia ambiental para ajustar el diseño de la obra, proceso que permanece abierto. El punto crítico está en un sector conocido como La Veguita, muy cerca del río Bogotá. Allí se ubicaría el que algunos consideran el último cuerpo de agua con funciones ecológicas relevantes del municipio. Ese lugar estaba justo en el corazón del trazado definido hace más de una década, lo que convirtió la construcción en una disputa entre la urgencia de mejorar la movilidad y la necesidad de preservar una zona ambientalmente sensible. Mientras avanza la evaluación de la licencia, los habitantes de Chía conviven con la espera. El baúl queda inacabado, con tramos construidos que no se pueden utilizar y un diseño que podría volver a cambiar. Faltan 2,3 kilómetros por completar y el proyecto sigue estancado que afecta a miles de personas que dependen de la movilidad entre la Sabana y Bogotá. El futuro de la Troncal de los Andes depende ahora de las conclusiones que entregue la autoridad ambiental y de la capacidad de la concesionaria y de las entidades públicas para ajustar el proyecto sin comprometer el ecosistema identificado en la zona. La obra sigue siendo una prioridad regional, pero su avance está ligado a la resolución de un conflicto que lleva casi diez años sin una solución definitiva.
