Dos hombres fueron enviados a un penal en Bogotá tras ser acusados de viajar en un vehículo denunciado como robado y con placas alteradas, en un caso que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.
Se trata de Jhofry Rodrigo Martínez Vargas y Andrés Camilo Beltrán Orduz, quienes fueron presentados por la Fiscalía General de la República ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en estos hechos.
La captura de los dos hombres se produjo en flagrante delito el pasado 1 de abril, cuando circulaban en el automóvil por una vía de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. Durante un procedimiento de verificación realizado por uniformados de la Policía, se detectaron irregularidades que levantaron sospechas sobre el vehículo.
Al realizar la inspección técnica, los agentes establecieron que las placas instaladas no correspondían con las del vehículo. Posteriormente, al consultar la información en los sistemas oficiales, se confirmó que el vehículo había sido denunciado como robado días antes, específicamente el 23 de marzo, en la localidad de Barrios Unidos, bajo la modalidad de robo.
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Tras estos hallazgos, la Fiscalía avanzó en el proceso judicial y un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Ciudad Bolívar imputó a los capturados los delitos de recepción y falsificación de marcas, ambos en condición agravada.
Durante las audiencias concentradas, los imputados no aceptaron los cargos formulados por el organismo acusador. Sin embargo, el juez del caso consideró que existían elementos suficientes para imponerle medida privativa de libertad, por lo que ordenó su traslado a un centro penitenciario mientras avanza el proceso.
Las autoridades también indicaron que el vehículo en cuestión podría haber sido utilizado en la comisión de otros hechos delictivos en el norte de Bogotá. Por ello, se realizan trabajos de investigación para determinar si los detenidos tenían relación con otros casos ocurridos en la ciudad en los que se utilizaba este mismo vehículo.
El caso continúa desarrollándose, mientras los organismos judiciales recopilan pruebas y verifican posibles conexiones con otras actividades ilícitas.
