Nueve personas, incluido el asesino adolescente, han sido capturadas y seis de ellas ya han sido condenadas. Quienes ordenaron el crimen siguen libres. Corrió los pocos metros que separaban el parque El Golfito de las calles por las que huyó con el arma aún caliente y un balazo en la pierna. Yo tenía 15 años. Una motocicleta lo esperaba, pero no pudo alcanzarla. Uno de los escoltas del senador Miguel Uribe Turbay, a quien disparó, lo hirió cuando intentaba escapar. Allí terminó su fuga y comenzó a desentrañar, pieza a pieza, el operativo que aquella tarde del 7 de junio de 2025 había colocado a un adolescente armado frente a Miguel Uribe Turbay en medio de un acto de campaña política en el occidente de Bogotá. Miguel Uribe Turbay recibió dos disparos: uno en la nuca y otro en la pierna izquierda. Fue senador por el Centro Democrático y aspiraba a ser candidato de ese partido en las elecciones presidenciales de 2026, que están a pocos días de finalizar. Lo llevaron de urgencia a una pequeña clínica en Fontibón, y luego llegó a la Clínica Santa Fe. Dos meses después, el 11 de agosto de 2025, falleció. Fue el asesinato político de más alto perfil en Colombia desde el de Álvaro Gómez Hurtado. | Lea también: El concejal que invitó a Miguel Uribe al evento político que resultó fatal logró que su nombre no fuera olvidado en Bogotá El menor capturado esa tarde desconocía quién era su víctima. Él mismo lo declaró más tarde. Vivía en Engativá con una tía materna ya que su madre murió hace diez años. Su padre estaba en Polonia. Había pasado brevemente por el programa Jóvenes en Paz del Distrito, recibió un millón y medio de pesos y se jubiló sin completar ningún ciclo. Dos semanas antes del ataque, una entidad distrital lo identificó como en riesgo de vivir en la calle en el centro de Bogotá, pero rechazó ayuda. Todavía estaba matriculado en una escuela a la que ya no asistía. Le ofrecieron 20 millones de pesos por el trabajo, con una condición: el dinero recién llegaría después de cometido el crimen. Cuando lo capturaron herido en una pierna, concluyó que a ese regreso lo iban a matar también. No aceptó cargos en la primera audiencia, pero negoció con la Fiscalía: su testimonio completo a cambio de un principio de oportunidad. Fue esa historia la que permitió identificar a los demás involucrados. El 27 de agosto de 2025 fue sentenciado a siete años de prisión en un centro especializado para adolescentes bajo el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Su identidad estuvo protegida en todo momento. El arma era una Glock de 9 milímetros comprada el 6 de agosto de 2020 en Arizona por un hombre llamado Charles Joe Anderson. Antes de llegar al parque, esa arma pasó por varias manos. Una de ellas fue Katerine Martínez, de 19 años, alias Gabriela, capturada el 14 de junio en Florencia, Caquetá. Su tarea era transportar el arma y entregársela al anciano José Arteaga Hernández, alias El Costeño, quien a su vez se la entregó al menor. Aparece en videos de la escena saliendo del auto en el que se encontraba el adolescente momentos antes del tiroteo. En las audiencias dijo desconocer quién era la víctima. Llegó a un acuerdo preliminar y fue condenada a 21 años y dos meses de prisión. Ese vehículo lo conducía Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, de 34 años. Dos días antes del ataque había visitado el parque para comprobar el terreno. Dijo que le pagaron cinco millones para transportar a los involucrados y que desconocía que el objetivo era un candidato presidencial. Aceptó los cargos de común acuerdo y fue sentenciado a 21 años. La pena no fue reducida porque en el delito se utilizó a un menor de edad, agravante que la Fiscalía aplicó de manera consistente en todos los preacuerdos. Mientras tanto trabajaba como conductor de plataforma. Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue quien recibió la orden desde arriba y la trasladó a la estructura operativa. La Fiscalía estableció que seguía a Uribe Turbay desde marzo de 2025. Fue él quien le entregó el arma a Gabriela y quien, una semana después del ataque, le envió dinero y un celular para que huyera al Caquetá. Lo capturaron en octubre en Meta, en una zona bajo control de grupos armados. Aceptó los cargos y fue sentenciado a 22 años y cuatro meses, la sentencia más alta entre los condenados. Confesó a los investigadores que fue contratado por alias Zarco Aldinever por mil millones de pesos, y que el contacto inicial lo realizó Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, de la estructura de Iván Márquez. Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, amigo de El Costeño, fue capturado el 30 de agosto. La Fiscalía señala que había realizado un reconocimiento previo del parque, participó en cuatro videollamadas de coordinación previas al ataque y ayudó a seleccionar al menor como albacea. También ayudó a ocultar a Arteaga más tarde. Aceptó cargos y recibirá 21 años y cuatro meses de prisión. El caso más complicado políticamente es el del anciano José Arteaga, alias El Costeño o Chipi, capturado el 5 de julio de 2025. La Fiscalía lo señala como el coordinador de todo el operativo: reclutó a los involucrados, les asignó roles, organizó las reuniones de vigilancia sobre Uribe Turbay, entregó personalmente el arma al menor y siguió de cerca la ejecución. Tiene más de 20 años de antecedentes penales. También aceptó ser autor de otro homicidio, el de un comerciante mexicano en Medellín, confirmando que operaba una estructura conocida como Plata o Plomo que realizaba trabajos por encargo. En mayo de 2026, la Fiscalía anunció un preacuerdo con él: 21 años de prisión. La familia de Uribe Turbay respondió con un comunicado público. Su abogado, Víctor Mosquera, lo calificó como una recompensa a la impunidad y un insulto al esclarecimiento del crimen. Arteaga estuvo presente cuando se cometió el ataque y fue quien puso el arma en manos del menor. Dos casos más avanzan a juicio oral sin acuerdo. William Fernando González Cruz, alias El Hermano, detenido el 19 de junio, participó en las reuniones de planificación, condujo el vehículo de la fuga y vendió uno de los celulares con los que se coordinaba el operativo. Fue acusado en diciembre de 2025 y no se opuso. Cristian Camilo González Ardila fue el motociclista que tuvo que recoger al menor luego del tiroteo, vía de escape que nunca funcionó porque el adolescente resultó herido antes de llegar a la moto. También fue acusado en diciembre. Dijo a la Fiscalía, según W Radio, que tenía información sobre ataques planeados en otras zonas del país. Ninguno de los dos ha aceptado su participación. Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, quedó preso para otro proceso cuando, según la Fiscalía, llamó al menor para convencerlo de participar y darle instrucciones de cómo vestirse para no levantar sospechas. Participé en videollamadas de coordinación. Fue acusado el 14 de abril de 2026 y irá a juicio. Ha mantenido su inocencia desde el principio. Brayan Ferney Cruz, identificado como pareja de Gabriela e integrante del grupo que organizó el crimen, fue capturado en Buenos Aires en un operativo de Interpol y se encuentra a la espera de extradición. Los que la Fiscalía busca sin haberlos capturado son todos miembros de la Segunda Marquetalia. En marzo de 2026 se emitieron órdenes de aprehensión contra siete de ellos. La lista la encabeza Iván Márquez, exnegociador del Acuerdo de Paz que se rearmó y opera desde Venezuela al amparo del régimen chavista. Se le dio por muerto, pero en mayo de 2024 reapareció en un vídeo. Sobrevivió a un ataque con consecuencias físicas que no han sido precisadas. También tienen orden de aprehensión contra alias Juan 40, alias Zarco Aldinever, alias Rusbel, alias Enrique Marulanda, alias Gonzalo y alias Yako. Los tres primeros también tienen una circular roja de Interpol. La Fiscalía solicitó declarar ausentes a las personas para proceder con su acusación formal. El caso Zarco Aldinever tiene su propio giro. El mismo 11 de agosto en que murió Uribe Turbay, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el ELN lo había asesinado en Venezuela. La Fiscalía mantiene su orden de aprehensión porque no hay pruebas confirmadas de su muerte. Una línea de investigación lo señala como el organizador del magnicidio con un propósito interno: desplazar a Iván Márquez del liderazgo de las disidencias. La fiscal adjunta Deicy Jaramillo ha dicho que en la investigación ya se sabe quiénes realizaron el hecho, qué organización fue contratada y quiénes actuaron como intermediarios. También señaló otro elemento del expediente: al construir el perfil de la víctima, los investigadores llegaron a un fallo de 2009 en el que Iván Márquez y otros actuales miembros de la Segunda Marquetalia fueron condenados por el exterminio del clan político Turbay Cote en Caquetá, familia que durante los años ochenta y noventa fue declarada objetivo del Estado Mayor de las FARC. Uribe Turbay pertenecía a esa familia por línea lejana. Para la investigación, estos antecedentes no son un detalle menor. A un año del tiroteo en El Golfito hay condenas firmes o en camino a serlo para seis personas, dos causas rumbo a juicio oral, una en espera de extradición y siete órdenes de aprehensión internacionales contra comandantes de la Segunda Marquetalia que se encuentran en Venezuela o cuyo paradero no ha sido confirmado. El cerebro del asesinato político de más alto perfil en la Colombia reciente aún no ha sido juzgado. Navegación de publicaciones
