Los vendedores ambulantes deben pagar a los delincuentes para que coloquen su mercancía en plataformas y esquinas por sumas que oscilan entre 40.000 y 5 millones de dólares. Venta de drogas, tatuajes al aire libre, venta de alimentos ilegales y venta y subarrendamiento de espacios públicos son algunos de los problemas que se viven a diario en diferentes zonas de Bogotá, como la carrera 7 entre la calle 24 y la Plaza de Bolívar, San Victorino y el Tercer Milenio. La alcaldía busca controlar una situación que mueve millones de pesos diariamente, en un mercado informal e ilegal. En operativos realizados en los últimos días por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad y en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades han encontrado elementos peligrosos e ilegales como armas de fuego y armas traumáticas, estuches para las mismas, armas blancas y de letalidad reducida como taser, cilindros de gas pimienta, uniformes, chalecos, cascos, camuflajes, cantimploras, mochilas de uso exclusivo de las fuerzas militares y venta de drogas entre vendedores informales en la carrera 7 y otros sectores del centro de la ciudad. Además, según el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, los operativos han revelado que existe venta de drogas y actividades delictivas de todo tipo por parte de quienes invaden espacios públicos en las diferentes localidades de Bogotá. Todo amparado por mafias que, estructuradas criminalmente, se apropian de ese espacio público y “venden” y “alquilan” “plazas” a vendedores informales. Mafias que venden y alquilan espacios públicos Según las autoridades, estas mafias extorsionan y cobran ilegalmente, intimidando y amenazando a vendedores informales, a quienes cobran tarifas diarias y semanales por el espacio que ocupan. También se ha detectado que, en muchos casos, los vendedores no son los dueños de la mercancía, sino que la reciben de las mismas organizaciones criminales, quienes la obtienen como resultado del contrabando, aumentando con ello su margen de ganancia. La ex concejala de Bogotá Lucía Bastidas, hoy directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, denunció en un debate de control político que estas mafias cobran honorarios que oscilan entre los 40 mil y los 5 millones de pesos (según sean diarios, semanales o mensuales) por el alquiler de espacios en andenes y esquinas de la ciudad, donde instalan carpas por las que se deben pagar honorarios de hasta 120 mensuales. mil pesos. Algunas de estas mafias entregan mercancías a vendedores en autos de lujo de alta gama, y muchos de los productos que se venden en la calle, como ropa y calzado, son contrabando que se entrega a vendedores informales con muebles que pueden incluir maniquíes en lugares como San Victorino. Otros sectores donde se da este tipo de comercio son Usaquén, Suba y Santa Fe. Un Decreto que busca controlar la situación Ante este grave y difícil panorama del espacio público y la venta informal en la ciudad, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Secretario de Gobierno Gustavo Quintero Ardila, emitió el Decreto # 117 del 14 de abril de 2026, mediante el cual se busca regular y controlar las mafias y la venta informal en la ciudad, estableciendo algunos parámetros y prohibiciones en vías como la Carrera 7 donde, según el censo realizado por el IPES, se encuentran 1.142 vendedores ejerciendo el comercio en 33 cuadras, entre la calle 26 y la Plaza de Bolívar. Según los datos más recientes del año 2025, proporcionados por el Instituto de Economía Social IPES, en Bogotá se estima que existen más de 95 mil vendedores informales. Entre las medidas establecidas en el Decreto número 117 se encuentran: la prohibición del uso de pipetas de gas y sustancias inflamables en espacios públicos (sólo podrán ser utilizados en establecimientos legalmente constituidos que cumplan con algunos requisitos técnicos establecidos). También está completamente prohibido tatuarse, hacerse piercings (piercings), realizar actividades de peluquería o barbería y odontología que no cumplan con el Decreto # 780 de 2016 y la Resolución # 2117 de 2010. Asimismo, está prohibida la venta de alimentos en la calle, actividad que debe cumplir con lo establecido en la Resolución # 604 de 1993 del Ministerio de Salud. Para liberar boletos a Transmilenio los vendedores informales no podrán ubicarse en las rutas de evacuación de puentes peatonales, establecimientos o accesos al sistema integrado de transporte público (SITP) y se establece un radio de 1,5 metros alrededor de los hidrantes que existen en la ciudad. Los vendedores no podrán vender pólvora, productos químicos peligrosos, artículos ilegales, cuchillos ni armas de fuego. Con este Decreto # 117 de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá no solo busca reorganizar la venta informal en el espacio público, sino que también pretende proteger la vida de quienes trabajan en la calle y de los ciudadanos. La policía, alcaldes locales, IPES y DADEP verificarán que se cumplan todas estas medidas. Durante los 6 meses posteriores a la expedición del Decreto # 117 de 2026, la Secretaría de Seguridad de Bogotá deberá determinar en cada una de las localidades cuáles son las zonas en las que no se puede ubicar la venta informal por razones de seguridad, mientras que el DADEP, en coordinación con las demás entidades, realizará un estudio de carga de ocupación del espacio público para saber qué número de personas podrán realizar su actividad en las diferentes zonas de la ciudad, con las que se espera organizar a los vendedores informales de Bogotá. Navegación de publicaciones
