Así trabaja la estrategia con la que desea terminar con el contrabando de cigarrillos en el país cada vez que una persona compra un paquete de cigarrillos ilegales en una tienda de vecindarios, no solo afecta al propietario de ese negocio. Aparentemente, esta pequeña transacción también alcanza el sistema de salud, reduce la inversión en educación y fortalece las economías criminales. El problema se ha vuelto tan grande que hoy en día el 36% de los cigarrillos que circulan en el país son ilegales, según el último estudio de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la firma Invamer. Es la cifra más alta en casi diez años, con pérdidas anuales que superan los mil millones de pesos. Lea también: Cómo los cigarrillos de contrabando de Paraguay llegan a las tiendas de vecindad colombianos frente a este panorama, varias entidades públicas y privadas decidieron actuar y centrarse en aquellos que llevan el pulso del comercio diario: las licitaciones. A partir de ahí, la estrategia nació la estrategia de comercio legal (ZCL), que busca que más de mil pequeños comerciantes del vecindario se conviertan en ‘embajadores de legalidad’. La propuesta es clara, aunque no deja de ser ambicioso: si las licitaciones, panaderos, propietarios de licorerías y mini siglos logran reconocer y ofrecer solo productos legales, puede cerrar la puerta a gran parte del contrabando que circula en las calles. Ellos son los que tienen contacto directo con los consumidores. Detrás del plan están la Policía Fiscal y de Aduanas (POLFA), la Federación Nacional de Departamentos, Fenalco, Coltabaco y otros aliados que ven en las licitaciones un vínculo clave para reducir un delito que afecta tanto la economía como la seguridad. Lea también: Esta es la difícil lucha contra el contrabando de licores y cigarrillos desde el Caribe hasta el contrabando de Amazon no es solo un problema de evasión fiscal. Los números hablan por sí mismos: entre 2017 y 2024, Colombia dejó de recaudar 5.300 millones de pesos en nombre de cigarrillos ilegales. Es decir, la mitad del presupuesto anual de Medellín. Las regiones del Caribe y la frontera con Venezuela se encuentran entre las más derrotadas: en La Guajira, el 87% de los cigarrillos consumidos son de contrabando; en César, 81%; En Magdalena, 79%; y en el norte de Santander, 75%. En las zonas rurales, la situación también es crítica: más de la mitad del consumo (51%) corresponde a marcas ilegales. En la práctica, eso se traduce en menos presupuesto para hospitales, universidades y programas sociales, cuanto más plata termina alimentando economías ilegales que apoyan el crimen. ¿Cómo funciona la estrategia? En su versión 2025, las zonas comerciales legales combinarán la capacitación virtual y cara a cara. Se capacitarán 337 licitaciones que ya formaron parte de la red y 738 nuevos participantes que ingresaron al programa. Los talleres abordarán problemas como regulaciones, finanzas, contabilidad, marketing, servicio al cliente y, sobre todo, cómo reconocer productos legales contra lo ilegal. El impacto se concentrará en 11 ciudades principales: Bogotá, Medellín y su área metropolitana, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, Riohacha, Santa Marta y Valledupar. La idea es que los comerciantes puedan hacer crecer sus negocios, competir en condiciones justas y convertirse en un ejemplo de legalidad dentro de sus comunidades. Los tenderos que terminan el entrenamiento son reconocidos como ‘Embajadores de la Legalidad’. Más que un diploma o un sello que cuelga en la pared, lo que se busca con ese título es que los clientes confíen en ellos. Saber que el producto legal se vende en esa tienda es el apoyo tanto para el consumidor como para el vecindario. En la práctica, se trata de consolidar una red nacional de pequeñas empresas que no solo lo hacen contra el contrabando, sino que también cambian la cultura en torno al consumo. Una apuesta conjunta La estrategia ZCL no es nueva. Desde 2020 se ha implementado y ha logrado gradualmente ganar terreno. Lo nuevo es la magnitud que busca lograr en 2025, con más de mil licitaciones capacitadas y el apoyo de una alianza público-privada que se ha fortalecido. Para la policía fiscal y aduanera, el contrabando es una amenaza tan grave como otros delitos económicos, porque detrás hay estructuras criminales enriquecidas mientras el estado deja de aumentar los recursos vitales. Para las asociaciones comerciales, la prioridad es garantizar que las tiendas de vecindad no se conviertan en puntos de distribución de productos ilegales. Para los tenos, generalmente es una decisión tan simple como difícil: rechazar el proveedor que los vende más barato, incluso sabiendo que detrás de esa oferta hay mercancías ilegales. En un país donde las tasas de contrabando continúan creciendo, la pelea no solo se pelea en puertos y carreteras. También está en la tienda de la esquina, en la panadería que se abre a las cinco de la mañana o en el mini -sacerdote donde la gente compra fusionada. Allí, en la vida diaria del comercio del vecindario, se define gran parte del éxito o el fracaso de las políticas contra este crimen. La estrategia de la zona comercial legal busca precisamente que: transfiera la defensa de la legalidad a los lugares donde el consumidor toma la decisión final. Y aunque el camino es largo, la verdad es que cada comerciante que agrega a esta red se convierte en un enlace clave para cerrar el contrabando y fortalecer la economía formal.
