Fue fabricado por la empresa italiana Leonardo, comprada por Iván Duque en USD 12 millones, y ahora queda sin mantenimiento por la inclusión de Petro en la lista Clinton La historia de Leonardo, la empresa italiana que hoy es noticia en Colombia, comenzó mucho antes de que alguno de sus helicópteros llegara al país. Surgió en la posguerra italiana, en 1948, como parte de un esfuerzo estatal para reconstruir la industria mecánica y tecnológica. En aquel momento se llamaba Finmeccanica, un conglomerado público que agrupaba a empresas dedicadas a maquinaria pesada, aviación, electrónica y defensa. Con el paso de los años se convirtió en un actor clave en el sector aeroespacial europeo. Durante décadas absorbió empresas que formaban parte de la historia industrial italiana, desde fabricantes de helicópteros hasta desarrolladores de misiles y sistemas electrónicos. En 2017, tras numerosas fusiones y un proceso de reorganización interna, adoptó el nombre con el que hoy es reconocida en más de cien países: Leonardo. Lea también: Adiós a los Kfir en Colombia, los aviones de guerra que compraron Barco y Uribe y sustituyeron a Petro por los Gripen El crecimiento del grupo coincidió con el fortalecimiento de una de sus áreas más reconocidas, la división de helicópteros. Esa parte del negocio cobró impulso en la década de 2000, cuando Agusta y Westland, dos fabricantes históricos, se fusionaron para crear AgustaWestland. La nueva empresa pasó a manos de Finmeccanica y se convirtió en una pieza central dentro del portafolio tecnológico. Modelos como el AW139, uno de los helicópteros medianos más vendidos del mundo, fueron el resultado de esta combinación de ingeniería italiana y tradición británica. Con este portafolio, Leonardo logró consolidarse como proveedor de aviones para misiones ejecutivas, médicas, de rescate y seguridad. Llegó a Colombia en ese contexto. En 2020, durante el gobierno de Iván Duque, la Presidencia adquirió un helicóptero AW139 que se integró a la flota oficial bajo la matrícula FAC 0008. Se trataba de un dispositivo diseñado para el transporte ejecutivo, con capacidad para quince pasajeros, autonomía para viajes largos y un sistema de seguridad que lo ubicaba entre los más modernos del mercado. Su compra, valorada en doce millones de dólares, desató un debate político en plena pandemia. La oposición cuestionó el gasto y recordó que la Casa de Nariño ya contaba con dos helicópteros operativos. El Gobierno respondió que la adquisición se hizo a través de la póliza del helicóptero presidencial que se había accidentado en 2019, y que no implicaba recursos adicionales. Aún así, el costo de operación y mantenimiento, que podría superar los cinco mil millones de pesos anuales, mantuvo viva la polémica. La aeronave operó sin mayores problemas hasta finales de 2024 y principios de 2025, cuando surgió un nuevo episodio. Leonardo informó que tuvo que suspender temporalmente todos los servicios de apoyo relacionados con ese helicóptero. La comunicación provino de su filial en Estados Unidos y fue enviada al comandante del grupo técnico de Catam. El motivo tuvo que ver con la inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton, lista del Departamento del Tesoro que impone restricciones a las personas o entidades designadas. La empresa explicó que, debido a las disposiciones regulatorias de ese país, estaba obligada a detener cualquier operación mientras tramitaba una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La decisión tomó por sorpresa al Gobierno. Petro lo calificó como una ofensa a Colombia, ya que las sanciones recayeron sobre él como individuo y no sobre el Estado. Según se manifestó públicamente, la medida afectó un contrato firmado entre el país y un proveedor internacional que, a su juicio, debía mantener la aeronave en condiciones operativas. La suspensión del soporte técnico llevó al presidente a ordenar la venta del helicóptero, asegurando que prácticamente no lo necesitaba. También pidió a sus abogados evaluar una demanda contra Leonardo por presunto incumplimiento de contrato. En tanto, la empresa aclaró que la decisión no significó romper relaciones con la Fuerza Aérea Colombiana ni desconocer los acuerdos existentes. Explicó que se trata de una medida obligatoria para cumplir con la normativa estadounidense, que exige suspender las operaciones cuando un cliente aparece vinculado a restricciones internacionales. El soporte, según la empresa, podría restablecerse una vez obtenida la licencia correspondiente. La situación dejó al helicóptero presidencial en tierra y abrió un nuevo capítulo en la ya larga historia del AW139 en Colombia. Lo que empezó como una compra justificada por la necesidad de reponer un avión perdido acabó convirtiéndose en un episodio diplomático, jurídico y político que hoy involucra a un fabricante europeo, al Gobierno estadounidense y a la Presidencia de la República. Leonardo, que pasó décadas construyendo su reputación como proveedor confiable de tecnología aeroespacial, enfrenta en este caso el desafío de sortear rígidas regulaciones internacionales y tensiones políticas que afectan su relación con uno de los países a los que ha vendido equipos de alta complejidad. El futuro del helicóptero sigue siendo incierto. Su venta dependerá de si el Gobierno encuentra un comprador dispuesto a asumir los costes de un modelo tan especializado. Y la relación entre Colombia y la empresa italiana estará marcada por un episodio en el que tecnología, política exterior y decisiones comerciales terminaron entrelazadas de una manera que pocos anticiparon.
