La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad y en primera discusión el proyecto de ley de protección de la actividad ganadera, instrumento legal encaminado a la modernización de las unidades de producción ganadera mediante el uso de tecnologías apropiadas y buenas prácticas ganaderas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, intervino para denunciar las graves deficiencias de la legislación vigente en la materia, a la que calificó de instrumento preconstitucional redactado entre 1997 y 1998.
Rodríguez propuso la conformación inmediata de una comisión mixta integrada por las comisiones de Economía y Política Interior, con el firme propósito de articular mesas técnicas de trabajo junto con la Procuraduría General de la República para estructurar un régimen sancionador severo y efectivo dentro del nuevo texto legal.
El planteamiento, realizado al cierre de la intervención del diputado Reyes, busca dotar al Estado venezolano de herramientas jurídicas modernas y disuasorias que castiguen con contundencia el contrabando de extracción y las redes del crimen organizado dedicadas al robo de ganado.
Con la incorporación de la Comisión de Política Interior y el Ministerio Público, el Parlamento nacional pretende proteger la seguridad jurídica de las unidades productivas y acelerar los procedimientos de control penal, garantizando una respuesta institucional oportuna que erradique los vacíos legales heredados de las regulaciones de finales de los noventa.
Por otro lado, Rodríguez propuso formalmente que el diseño del informe y el proceso de consulta pública para la segunda discusión no se delegue exclusivamente a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional.
El presidente del Poder Legislativo cuestionó duramente que el actual marco regulatorio contemple sanciones pírricas y plazos desproporcionados que favorecen la impunidad en las zonas rurales, detallando específicamente que la ley actual otorga hasta 90 días para certificar si el ganado robado pertenece o no al ocupante de un predio, plazo que facilita la movilización y pérdida de ganado fuera de las fronteras nacionales.
Elevar criterios de eficiencia productiva
Al presentar el proyecto de ley, la parlamentaria Geraldina Parada –quien también es veterinaria y productora– enfatizó que la norma busca elevar los criterios de eficiencia productiva y reproductiva en el campo venezolano, prestando especial atención a la diversidad genética del rebaño nacional a través de la protección de razas locales como la Carora y el Criollo Limonero, consideradas reservorios y bancos de germoplasma de alto valor para el trópico.
Agregó que este compendio legal contempla la implementación de sistemas de identificación bioeléctrica y códigos digitales para garantizar la trazabilidad integral del rebaño, reforzando la plataforma del sistema de gestión integrada de movilización animal y vegetal.
Parada destacó que este control sanitario exhaustivo es una cuestión de salud pública, porque aproximadamente el 65% de las enfermedades que afectan a la población humana a nivel mundial son de origen zoonótico.
En ese sentido, indicó que los artículos regularán estrictamente los mataderos, mataderos y centros de sacrificio para erradicar el sacrificio clandestino, al tiempo que se optimizarán los procedimientos administrativos vinculados a la producción, certificación y comercialización de derivados lácteos y cárnicos.
Finalmente, enfatizó que la propuesta legal establece mecanismos de restitución productiva para que el ganado recuperado en tareas de control sea devuelto inmediatamente a sus legítimos dueños bajo la figura de custodia activa, evitando la paralización de los ciclos de ordeño, engorda y reproducción.
El representante concluyó resaltando que la ley fortalece el tejido social rural, asegurando la participación protagónica de los pequeños productores, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y el poder popular organizado.
