La Contraloría General presentó el informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno Nacional Central, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026. El análisis muestra riesgos que justifican activar la Función Alerta, en un contexto de presión al erario del Gobierno, restricciones de financiamiento y aceleración de las contrataciones públicas.
El informe muestra una intensa dinámica contractual durante el período analizado, caracterizado por una alta concentración de recursos en contratos de obras públicas y prestación de servicios. Esta situación exige un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planificación financiera y presupuestaria, así como a la real capacidad de ejecución y supervisión, durante los cinco meses restantes del ejercicio fiscal.
El Aviso recuerda que las finanzas públicas enfrentan restricciones derivadas de menores recaudaciones, incumplimiento de la meta de ingresos, falta de ajuste del Presupuesto General de la Nación, necesidades adicionales de financiamiento y presiones sobre el erario del Gobierno. En este escenario, la Contraloría enfatiza que cualquier aceleración de compromisos presupuestarios, financieros o contractuales debe estar respaldada por la capacidad financiera efectiva del Estado y por una posibilidad real de ejecución.
Desde una perspectiva preventiva, la Función de Alerta busca evitar que los riesgos identificados en los procesos presupuestales y contractuales en curso se materialicen en pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio del Estado y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales para los autorizadores del gasto.
La Función Alerta identifica 7 factores de riesgo que, desde la perspectiva del control fiscal preventivo y concomitante, requieren un seguimiento permanente por su potencial impacto en la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público. Entre los principales destacan el riesgo por insuficiente planificación financiera y presupuestaria de contratos de alto valor, el riesgo asociado al crecimiento de la contratación directa y la concentración contractual, y el riesgo sobre la eficacia del control contractual.
Para la Contraloría la gestión fiscal no se limita a la ejecución de recursos, implica garantizar que cada decisión presupuestaria sea financiera y jurídicamente sostenible. En el ejercicio de sus facultades, la entidad tiene el deber de advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar los bienes públicos y, de materializarse, realizar las acciones de responsabilidad fiscal correspondientes. Esta función de advertencia está dirigida al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, en su calidad de operador y administrador, fiscal central del Presupuesto General de la Nación, y, a través de él, a los autorizadores del gasto de las entidades que integran el Gobierno Nacional Central.
