El Gobierno Nacional lanzó una dura advertencia: los recursos de la Nación para cofinanciar la nueva flota de buses eléctricos en Bogotá están en «cuidados intensivos», debido al reciente aumento de la tarifa de Transmilenio, que para 2026 se fijó en $3.550, cifra que el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó de «irresponsable».
A través de sus redes sociales, Sanguino arremetió contra el alcalde Carlos Fernando Galán, asegurando que aumentar de esta manera la tarifa no sólo golpea el bolsillo de los trabajadores (pese al aumento del 24% del salario mínimo), sino que ahuyentará a los usuarios del sistema.
Según el Ministro de Trabajo, esta decisión pone en riesgo los compromisos de transferencia de dinero que había acordado el Gobierno del Petro para que la ciudad tuviera una flota “cero emisiones”.
“El compromiso de la Nación se pone en riesgo por una medida injustificada”declaró el funcionario.
El Gobierno ya activó una “lupa” con los Ministerios de Hacienda y Transporte, junto con las Superintendencias de Industria y Comercio y de Transporte, para revisar si el aumento es legal o si se trata de un cobro “excesivo” como consecuencia del ajuste al salario mínimo.
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Sanguino sostiene que el aumento salarial no debe ser la excusa para encarecer el transporte público, mientras que la alcaldía defiende que es necesario cubrir el vacío financiero del sistema.
Según proyecciones del Ministerio de Hacienda y Gestión de Transmilenio, la deuda acumulada y el déficit operativo para 2026 superan los $3,200 millones de pesos.
El alcalde Galán ha reiterado que sin el ajuste a $3,550, el déficit podría tragarse recursos destinados a salud, educación y seguridad. “No es una decisión popular, pero sí responsable para que el sistema no colapse y deje de brindar el servicio”, Defienden desde el Palacio Liévano.
Con este panorama, el futuro de la movilidad sustentable en Bogotá sigue en el aire. Si el Gobierno decide cerrar el grifo de los recursos, la renovación de autobuses antiguos por eléctricos se paralizaría en seco.
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