Se activaron una serie de grupos de trabajo para recoger propuestas para la reforma de la Ley Orgánica sobre Drogas. La información está publicada en la cuenta de Instagram de la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), cuyo titular, Danny Ferrer Sandrea, explicó que «se desarrolla un esfuerzo conjunto para fortalecer el marco jurídico y operativo del Estado venezolano ante los nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana».
Ferrer Sandrea, quien también es titular del Viceministerio del Sistema de Investigación Criminal, dijo que la reforma a la Ley de Drogas forma parte del Plan Nacional Antidrogas 2026-2031.
En las mesas de trabajo instaladas participarán representantes de organismos de seguridad ciudadana, instituciones de salud y del Poder Judicial, entre otros.
“El Plan Nacional Antidrogas contempla dinámicas transversales donde la justicia y la legislación deben avanzar al mismo ritmo que la realidad operativa”, afirmó Ferrer Sandrea durante la instalación de las mesas.
«No podemos permitir la impunidad. Nuestro objetivo es garantizar el debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales, dotando a nuestros fiscales y organismos de investigación de las herramientas jurídicas necesarias para sustentar los elementos de convicción ante los tribunales», subrayó la máxima autoridad antidrogas.
En días sucesivos, las mesas se activaron en zonas específicas. En el área de salud, la mesa técnica estuvo liderada por Amira Beiruti Castillo, consultora jurídica de la Sunad, y Berlena González, directora general de Análisis Estratégico y Estudios Avanzados de Medicamentos. Asistieron representantes del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, entidad adscrita al Ministerio de Salud que monitorea la calidad de los medicamentos, alimentos y centros de salud del país.
En ese encuentro se discutió la actualización de conceptos técnicos sobre sustancias controladas y nuevas nomenclaturas químicas para el control dinámico, unificando criterios entre el Ministerio de Salud y la Sunad con miras a facilitar el control sin obstaculizar el uso industrial y farmacéutico legítimo, refiere un informe publicado.
Los expertos evaluaron la definición de actividades como almacenamiento, transformación, refinación y distribución dentro del marco legal o regulatorio para evitar vacíos interpretativos y brindar firmeza jurídica al accionar del Estado, al tiempo que enfatizaron la prevención integral como eje de la salud pública mediante el fortalecimiento de los programas educativos y comunitarios.
Finalmente, se propuso avanzar hacia la transformación digital con sistemas automatizados de reportes en tiempo real, optimizando la transparencia y eficiencia operativa en cada estado bajo estándares nacionales e internacionales.
En la sede de la Superintendencia Nacional Antidrogas continuaron la semana pasada las sesiones de consulta con representantes del Registro Único Nacional de Operadores de Sustancias Químicas Controladas.
