Ante la decisión de un tribunal estadounidense este 1 de diciembre sobre la “venta forzosa” de Citgo, el gobierno nacional fijó una posición y expresó que rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial que han llevado a cabo las autoridades estadounidenses, en perjuicio de los intereses de Venezuela y sus entidades.
La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, leyó un comunicado con la posición oficial de Venezuela respecto de este robo realizado “en connivencia con sectores extremistas venezolanos” al servicio del Gobierno estadounidense.
Además, señala que este acto constituye un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio norteamericano mediante un proceso fraudulento.
En el documento, leído por el vicepresidente, se indica que la empresa Citgo es un activo valioso de Petróleos de Venezuela que pretende ser despojado por Washington bajo la instrumentalidad de un procedimiento judicial claramente legal.
Mencionó que gracias al tráfico de influencias de la administración de Donald Trump sobre los tribunales de ese país, Venezuela y PDVSA han sido excluidas intencional e ilegalmente del proceso y del derecho a la defensa bajo la grosera excusa del desconocimiento del Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Este nuevo episodio constituye una agresión multiforme que se disputa desde EE.UU. en complicidad con María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y el grupo del crimen organizado autodenominado Asamblea Nacional de 2015, quienes también han intentado usurpar la representación de Venezuela y sus entidades en el exterior, para dejar a la nación sin defensa alguna.
Asimismo, el Gobierno venezolano reitera que no reconoce ni reconocerá la “venta forzosa” de Citgo, realizada en flagrante desprecio de las garantías y libertades económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa garantizados por cualquier nación civilizada.
Finalmente, destaca que el Estado venezolano cuenta con las leyes e instituciones pertinentes para llevar ante la justicia a quienes facilitaron este robo, que constituye una acción apátrida y criminal.
