El Ministro del Poder Popular del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, aclaró que la reactivación de la Revolución Judicial en el territorio nacional no contempla la ejecución de liberaciones masivas de detenidos ni promoverá la impunidad en los procesos penales.
El funcionario explicó que el plan presidencial consiste en revisar exhaustivamente las causas de la población privada de libertad en estrecha coordinación con los tribunales del país, con el objetivo de reunificar a las familias venezolanas mediante la aplicación rigurosa de una justicia justa, oportuna y expedita.
Durante el despliegue técnico del Estado, el ministro enfatizó que las comisiones multidisciplinarias evalúan cada expediente de manera individual, respetando la autoridad constitucional de los jueces, quienes dirigen los procesos en las fases correspondientes.
García Zerpa precisó que la reforma legal busca descongestionar los centros de prisión preventiva y los internamientos judiciales de manera ordenada, garantizando que las libertades otorgadas respondan únicamente a los beneficios de redención contemplados en las leyes de la República y no a criterios de discrecionalidad administrativa. Además, afirmó que actualmente se debe aplicar la técnica de la justicia retributiva.
Por otro lado, la máxima autoridad de la cartera penitenciaria confirmó que las instituciones públicas mantienen el control absoluto de la infraestructura penitenciaria en el país, factor estratégico que facilita la coordinación directa de los traslados y frena demoras procesales.
El ministro concluyó que las políticas del Ejecutivo nacional combinan la humanización y el respeto a los derechos humanos con el mantenimiento de la disciplina interna, garantizando la seguridad ciudadana y la estabilidad del marco jurídico en las regiones.
El defensor Egleé trabaja por un sistema penal más humano
Por su parte, la defensora del pueblo, Egleé González, reafirmó su compromiso de ofrecer respuestas institucionales para consolidar un sistema penal más humano.
González destacó que una de las tareas fundamentales de su gestión es trabajar en coordinación con la Asamblea Nacional para diseñar beneficios legales que prevengan la violación de las garantías constitucionales de los privados de libertad.
