Venezuela presentó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Viena, Austria, los avances de la consulta nacional para la reforma de la justicia penal en el país, proceso que inició el pasado 1 de junio, con el objetivo de priorizar la celeridad procesal, fortalecer la integridad de los tribunales y erradicar la criminalización de la pobreza, según un comunicado de prensa de la Cancillería venezolana.
La presentación se realizó durante el debate general del 35 período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), donde la delegación nacional, encabezada por la embajadora y representante permanente ante organismos internacionales con sede en Viena, Claudia Salerno, destacó que los poderes Ejecutivo y Legislativo convocaron a la consulta nacional para el debate en la que participan defensores, jueces, fiscales y comunidades organizadas; logrando la detección de puntos críticos en el área de justicia penal.
Durante su intervención, Salerno destacó que la Asamblea Nacional aprobó recientemente la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, instrumento legal promulgado por el Ejecutivo Nacional en mayo de 2026, que establece una serie de ajustes estructurales encaminados a optimizar los tiempos de respuesta del sistema penal y civil.
En el marco del debate general del 35º período de sesiones de la CCPCJ de la ONU, Venezuela reafirmó su compromiso con los principios fundamentales de la Declaración de Kyoto de 2021, destacando que la prevención del delito y la justicia penal deben apoyar la construcción de sociedades equitativas, pacíficas y sostenibles.
En ese contexto, Salerno denunció que la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela impacta directamente a las instituciones judiciales, obstaculizando la capacidad de combatir y prevenir el crimen, al limitar la cooperación internacional y el acceso a nuevas tecnologías, a través de cercos financieros.
Finalmente, Venezuela reiteró que la prevención y lucha contra la delincuencia en sus diferentes expresiones es una responsabilidad común y compartida que requiere un enfoque integral y equilibrado. Este esfuerzo debe realizarse en plena conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos, respetando plenamente la soberanía, la integridad territorial de los Estados, el principio de no intervención en los asuntos internos y el respeto mutuo, señala la nota.
