Minuto30.com .- El campo colombiano y su desarrollo comercial acaban de recibir un importante respaldo judicial. En sentencia emitida este jueves 7 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó perentoriamente al Gobierno Nacional dar cumplimiento estricto a los artículos 4 y 6 de la Ley 2578 de 2024.
La decisión judicial pone contra las cuerdas la inactividad del Estado en este tema y exige acciones inmediatas para organizar y promover la comercialización de productos agrícolas en el país.
¿Qué exige exactamente el alto tribunal?
La Alta Corporación fue clara al advertir que los estándares exigidos no son sugerencias, sino obligaciones legales que el Estado ha omitido. El fallo exige la formulación y adopción inmediata de la Política Nacional de Comercialización Agropecuaria.
Tal como lo dispuso el Consejo de Estado y de acuerdo con los lineamientos de la Ley 2378 de 2024, esta política pública no puede ser un simple documento, sino que debe contener bases sólidas que faciliten y optimicen el proceso de comercialización en campo. Para ello, el Gobierno debe identificar y determinar claramente:
Estrategias de mercado.
Prioridades de marketing.
Los responsables directos de la ejecución.
Mecanismos de acción a medio y largo plazo.
Indicadores de seguimiento y evaluación.
Choque de trenes: SIC exige cancelar indulto a Dimayor https://t.co/Dsf635rhcl
— Minuto30.com (@minuto30com) 7 de mayo de 2026
Las órdenes precisas para el Ministerio de Agricultura
Para que el fallo no quede en el papel, la Sección Quinta emitió órdenes directas y delegó responsabilidades específicas. El cumplimiento de esta sentencia deberá ser liderado y coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En consecuencia, la cartera agrícola tiene el mandato legal de ejecutar los siguientes pasos:
Elección de representantes: Convocar y designar a los delegados que integrarán la mesa técnica intersectorial.
Configuración de la mesa: configure formalmente este espacio de trabajo conjunto.
Adopción de la política: Formular, estructurar y adoptar oficialmente la Política Nacional de Comercialización Agropecuaria para que entre en vigencia y beneficie a los productores del país.
Esta decisión representa un paso fundamental para brindar garantías a los agricultores y productores, que históricamente han sufrido la falta de canales de comercialización justos, rentables y estructurados por el Estado.
Encuentre el fallo completo aquí
