El caso de Noelia Castillo, una joven de 25 años que pidió acceder a la eutanasia en España tras quedar parapléjica, volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende fronteras. Su decisión, respaldada por un proceso legal que llegó a los tribunales europeos, reabrió interrogantes sobre quién decide cuándo y bajo qué condiciones se puede poner fin al sufrimiento que los cuidados paliativos no han logrado prevenir. Si bien la historia de Noelia avanzó entre apelaciones judiciales y debates familiares, en Colombia ese camino ya se había trazado años atrás, no sólo desde los tribunales, sino también desde las instituciones de salud que comenzaron a asumir ese momento como parte de la atención médica. La defensa por una muerte digna en Colombia En junio de 2015, en una pequeña sede del sector Ricaurte, en Bogotá, comenzó a funcionar una IPS con apenas tres personas, un capital cercano a los 20 millones de pesos y una idea básica: atender a pacientes crónicos que no encontraban un modelo de atención integral. Así nació Health & Life, hoy conocido como HeLi Salud, de la mente de su gerente general, Mariana Rodríguez Rodríguez, en momentos en que el sistema de salud colombiano apenas comenzaba a organizar la etapa final de la vida como parte de la atención médica. Mariana Rodríguez, directora general de HeLi Salud, una clínica especializada en cuidados paliativos y muerte asistida creada en 2015. Ese mismo año el país vivía un punto de quiebre. En Pereira se practicó la primera eutanasia legal a Ovidio González, padre del famoso caricaturista 'Matador' y quien padecía un cáncer bucal que le había desfigurado el rostro, luego de que la Sentencia T-970 de 2014 obligara a garantizar el derecho a morir dignamente. Pero la historia de la eutanasia en Colombia se remonta a mucho más atrás. En 1979, la filántropa Beatriz Kopp de Gómez fundó la Fundación de Solidaridad Humanitaria inspirada en la organización estadounidense Concern for Dying, tras ver de cerca el sufrimiento que vivió un familiar al padecer cáncer durante años. Su propósito era introducir en el país una discusión que hasta entonces no existía: la posibilidad de decidir sobre el fin de la vida. En 1983, esta iniciativa se consolidó como la Fundación Pro Derecho a Morir Dignmente (DMD), que con el tiempo pasó a formar parte de una red internacional presente en 28 países. Durante décadas, ese movimiento ciudadano preparó el terreno para lo que luego sucedería en los juzgados y hospitales. La normativa avanzó hasta consolidarse con la Resolución 971 de 2021, que estableció condiciones claras: diagnóstico de enfermedad grave o incurable, libre manifestación del paciente y evaluación por un Comité Científico Interdisciplinario. El derecho estaba definido, pero su aplicación dependía de instituciones capaces de ejecutarlo. De los cuidados paliativos al “alivio” de la eutanasia En este contexto, HeLi Salud creció. Su enfoque inicial en pacientes crónicos se transformó en un modelo más amplio de atención al final de la vida. Mientras el sistema de salud estructuró las rutas de eutanasia, cuidados paliativos y adecuación del esfuerzo terapéutico, las IPS fortalecieron su capacidad para acompañar a los pacientes en este proceso. Los primeros años no fueron estables. La salida de un socio dejó una deuda cercana a los 30.000 millones de pesos. La operación tuvo que ser reconstruida administrativa y clínicamente para poder continuar. Ese momento marcó un punto de inflexión: la institución consolidó su enfoque en la atención domiciliaria y los equipos interdisciplinarios. Con el tiempo, este modelo se materializó en el programa Dignidad, cuyo esquema integra atención médica, apoyo psicológico, trabajo social y acompañamiento espiritual dirigido a pacientes con enfermedades avanzadas o irreversibles. Este enfoque se articula con la metodología NEWPALEX, un Sistema de Gestión Integral desarrollado por la Fundación Nueva Salud que reúne más de 200 parámetros clínicos y de gestión. Bajo este sistema, certificado por la fundación española, se tratan cada año cerca de 50.000 personas en todo el mundo, con indicadores que reportan un 89,9% de control del dolor, un 87,2% de bienestar y un 97,1% de satisfacción de pacientes y familiares. El crecimiento fue sostenido: hoy HeLi cuenta con 4.500 colaboradores y cerca de 70 mil pacientes mensuales en 18 departamentos de Colombia, con oficinas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Acabar con el dolor a través de la muerte Este desarrollo se produjo en paralelo a la consolidación del sistema de muerte digna en Colombia. El acceso a la eutanasia implica un proceso estructurado: el paciente debe expresar libremente su voluntad, contar con un diagnóstico que respalde su padecimiento y la evaluación de un comité interdisciplinario. Además, existen herramientas como el Documento de Voluntad Anticipada, que permite dejar por escrito las decisiones médicas y deben formalizarse ante notario, médico tratante y testigos. En este marco, HeLi Salud se integró como parte de la red Morir Dignmente en Colombia, en coordinación con organizaciones como DMD. Su función se centra en apoyar al paciente y su familia, especialmente a través de cuidados paliativos, dentro de un sistema que combina decisiones médicas, legales y éticas. En términos de cifras, vale recordar que desde 2015 hasta el 31 de diciembre de 2024 se realizaron 1.044 procedimientos de eutanasia en Colombia, según el informe DescLAB De Muerte Lenta, evidenciando un crecimiento sostenido en menos de una década: de apenas cuatro casos en 2015 a 352 en 2024, el año con mayor número de registros, lo que representa un aumento del 29,9% respecto a 2023 y una multiplicación por 88 en diez años. Este incremento también se refleja en las solicitudes, que en 2024 alcanzaron las 1.169 (una media de 97,4 mensuales y un incremento del 200,5%), aunque sólo se aprueban tres de cada diez. En cuanto al perfil de los pacientes, hay una estrecha distribución entre hombres (53,8%) y mujeres (46,1%), con una edad promedio de 62,6 años, inferior a la esperanza de vida nacional (77,2 años), y con registros recientes que incluyen el primer caso en una persona trans (2022) y dos en menores (2023-2024). El cáncer representa el 74,6% de los procedimientos, seguido de las enfermedades neurodegenerativas, mientras que el uso del Documento de Voluntad Anticipada creció hasta el 49,8% en 2024, evidenciando un mayor nivel de planificación al final de la vida. El contexto, sin embargo, sigue mostrando limitaciones. Sólo el 41% de los pacientes accede a cuidados paliativos en el país, y en regiones como la Amazonía y la Orinoquía la cobertura es inferior al 30%. A esto se suma que sólo el 2% de los médicos tiene formación en esta área. Si bien el sistema ha avanzado en regulación, aún enfrenta desafíos en cobertura y capacidad. 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octubre 16, 2026
